La juez titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Dorel M., acusado de haber estrangulado a su pareja el lunes pasado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado de la decisión de la juez respecto a Dorel M., que se ha acogido a su derecho a no declarar.

Dorel M. fue detenido como presunto responsable de la muerte de su compañera sentimental, Viorela Alexandra M., a la que estranguló y cuyo cadáver mostró a través de la webcam a su propio padre, residente en Rumanía.

El acusado ha comparecido ante la juez de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz, acusado de los delitos de homicidio y aborto, ya que Viorela, de diecinueve años, estaba embarazada en el momento del fallecimiento.

Tras su estancia en el juzgado de Torrejón de Ardoz el detenido, de veintiún años de edad, ha sido conducido a un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid.

Parlamentarios y funcionarios de la Asamblea de Madrid se han concentrado este miércoles a mediodía cinco minutos en el exterior del recinto como gesto para mostrar la repulsa por este crimen.

La víctima, Violeta Alexandra, estaba embarazada de cinco meses y ambos tenían ya una hija de tres años, que estaba en el domicilio cuando la Policía llegó, alertada por las Fuerzas de Seguridad de Rumanía.

Tras estrangular a su pareja Dorel mostró el cadáver a su propio padre a través de internet, gracias a una cámara web y el progenitor alertó a la Policía rumana del hecho.

La colaboración entre Policías facilitó que los agentes españoles llegarán a la casa de Torrejón de Ardoz antes de que Dorel pudiera cumplir la amenaza de matar a la hermana pequeña de Viorela, de trece años, ya que por Internet había dicho a su padre que también quería matarla.

Según ha explicado la Policía española la víctima había dicho al agresor su intención de romper la relación y le había comentado que el hijo que esperaba no era suyo.

El joven y su pareja carecían de antecedentes policiales y tampoco hay constancia de que tuvieran relación con mafias o grupos delictivos. No había denuncias por violencia de género ni existía ninguna orden de alejamiento.