La asociación ecologista Arca llevará al Tribunal Constitucional, en cuanto comience a aplicarse, la modificación de la Ley del Suelo aprobada por el Parlamento de Cantabria para garantizar el pago de las indemnizaciones a los propietarios de viviendas afectadas por sentencia firme de derribo en la costa antes de que se ejecute su demolición.

Así lo ha adelantado a preguntas de los medios el presidente de la asociación, Gonzalo Canales, quien ha explicado que de momento no se puede llevar porque aún no ha entrado en vigor, al no haber salido publicada en el BOC, y por que además la Ley impide presentar los recursos directamente por el mero hecho de la aprobación del texto.

De esta forma, en Arca esperarán a que las instituciones pongan esta modificación de la Ley del Suelo como argumento para solicitar que no se ejecute una sentencia de derribo. Será entonces cuando lleven este hecho al Tribunal Constitucional.

A finales del pasado mes de marzo, el Parlamento de Cantabria aprobó con la unanimidad de todos los grupos una modificación de la Ley del Suelo que permite indemnizar a los propietarios antes de que se produzca el daño, esto es, antes de que se ejecute el derribo.

El presidente de Arca ha advertido de que esta modificación es "absolutamente inservible", porque es "inconstitucional", ya que la legislación nacional establece que para indemnizar por un daño primero tiene que producirse.

Es algo que figura en legislación nacional "básica", lo que supone además que "es imposible" que el Gobierno de Cantabria pueda realizar modificaciones legales de lo que en realidad son normativas estatales.

Por eso, en la asociación ecologista piensan que los motivos para este cambio son, por un lado, "electorales", para "quitarse de encima los propietarios" y sus protestas ante la campaña electoral; pero, por otro, para impedir la ejecución de los derribos.

"promover la corrupción"

En consecuencia, Arca acusa al Gobierno y al Parlamento de "promover la corrupción urbanística" y de mandar un "claro mensaje": "es impune incumplir la Ley", "si se incumple no pasada nada, las sentencias no se van a ejecutar nunca".

El resultado es que "se genera una clara promoción de la corrupción urbanística", con medidas como esta modificación legal, que supone una "patada al Estado de Derecho" por parte del Parlamento, además de una "intromisión inaceptable en el poder judicial" con la que lo que se consigue es "burlarse del poder de los jueces".

Para Canales, si las instituciones quisieran solucionar el problema de las indemnizaciones, habrían reservado partidas presupuestarias, tanto en las cuentas regionales como en las municipales, para hacer frente al pago de las indemnizaciones y así poder abonarlas "al día siguiente" de que se produjeran.

Arca denuncia además la "unanimidad" de los tres partidos políticos que aprobaron la modificación de la Ley del Suelo "unidos como una piña para defender la ilegalidad", sin pedir "responsabilidades a nadie", tanto en el seno de sus partidos como en los rivales.

Son responsabilidades que Arca sitúa en el presidente cántabro y antiguo consejero de Obras Públicas, Miguel Ángel Revilla; y en el actual responsable de Urbanismo, José María Mazón, "encargado de cargarse la legalidad urbanística" a través de "chapuzas".

Por eso, de cara a las elecciones, Arca pide a los ciudadanos que "se acuerden y tomen nota de cómo actúan los políticos con la Ley".