El Parlamento andaluz ha instado este martes a la Cámara de Cuentas a realizar un informe de fiscalización "con carácter integral" de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta durante el período comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010, ambos inclusive, según han aprobado por unanimidad los diputados en la comisión de Hacienda y Administración Pública.

Los diputados de dicha comisión, presidida por José Antonio Nieto (PP) aprobaron en debate agrupado dos iniciativas fiscalizadoras, del Ejecutivo y una unificada, del PSOE y del PP, todas por unanimidad.

Durante este debate, el diputado del PSOE José Caballos ha recordado que "la primera iniciativa fue la presentada por la propia Junta" y ha destacado que la Junta "ha colaborado total y plena con la Justicia, salvo alguna discrepancia con las actas de los Consejos de Gobierno". Caballos le ha ofrecido un acuerdo entre las dos iniciativas socialista y popular, algo que finalmente ha sido aceptado y aprobado por todos los partidos.

Tras destacar el papel de la Cámara de Cuentas de control de los recursos públicos, Caballos ha reconocido que en este caso "están todos los datos para pensar que no ha sido perfecta la utilización de los fondos públicos y que se han producido irregularidades".

Por ello, Caballos asegura que el PSOE quiere "que se esclarezca todo, con total transparencia, sin hablar por hablar ni establecer culpabilidades prefijadas, como hace el PP, sin que paguen justos por pecadores y sin confundir la pequeñísima parte por el todo, pues no se debe hacer una causa general de esto".

Caballos ha recordado asimismo la investigación interna iniciada por la Junta y ha apostado por que la Cámara de Cuentas "sepa exactamente qué pasó a ciencia cierta y sepa quiénes fueron los responsables y que paguen por ello y se devuelva a la Junta hasta el último céntimo, esa es la actitud del PSOE y lo demostramos con los hechos, hasta el final, caiga quien caiga".

"La Justicia debe ser, pero en mi casa también" ha agregado el diputado socialista en alusión a presuntos casos de corrupción en el seno del PP, tras lo que ha acusado a los populares de "estirar esto como un chicle para ver si ganan algunos votos".

Por su parte, el diputado del PP Francisco Delgado Bonilla, quien recordó que "desgraciadamente ahora a los ERE se les llama expediente para el robo y el expolio", también expresó su voto a favor de estas iniciativas, ya que "hay que apostar por la transparencia y porque se lo debemos a los parados andaluces y hay que entrar hasta las últimas consecuencias".

Éste espera asimismo que esta petición a la Cámara de Cuentas sea declarada "con toda la urgencia necesaria" y donde la Junta "aporte toda la documentación que está afectada por esta tramitación para llegar hasta las últimas consecuencias".

Delgado, que espera que el Fondo de Garantía Salarial "no esté contaminado por esto", apuesta por "regular y que exista una norma clara" a la hora de conceder dichas ayudas sociolaborales, para que "todo el mundo sepa las reglas del juego" y cree que hay que investigar también los expedientes ya finalizados.

El diputado del PP lamentó la "huida constante" del PSOE "del Derecho Administrativo hacia el Derecho Penal, de forma que es un Gobierno que está bajo sospecha".

"Todo lo que toca el PSOE lo contamina, lo prostituye y lo corrompe, como ha contaminado un instrumento jurídico eficaz como es el expediente de regulación de empleo, instrumento eficiente contemplado en el Estatuto de los Trabajadores", ha agregado Delgado, quien ha lamentado la existencia de "intrusos por no existir procedimiento reglado alguno" y donde considera que "alguien tiene que estar detrás de todo esto". "Hay que abrir ventanas y cajones y depurarlo todo y entre todos, caiga quien caiga", ha aseverado.

Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero, quien lamenta la "mala gestión" en los ERE, también mostró su voto a favor de estas iniciativas y considera que la fiscalización de la Cámara de Cuentas "no es incompatible con la puesta en marcha, de forma paralela, de una comisión de investigación para analizar directamente la situación".

A juicio de Vaquero, lo ocurrido es "lamentable", tras lo que Vaquero espera que al ente fiscalizador "se le den todos los medios, para ejercer su trabajo y se le aporten toda la documentación, los 68.000 folios".

Asimismo, ha apuntado la necesidad de "compatibilizar todo eso con la depuración de responsabilidades políticas" y ha vuelto a solicitar la adopción de responsabilidades políticas y que se coja el toro por los cuernos".

Las iniciativas

Mientras que las iniciativas fiscalizadoras del Consejo de Gobierno y del PSOE coinciden en su contenido, la del PP-A plantea que la Cámara de Cuentas lleve a cabo una fiscalización "de carácter integral" sobre expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por la Consejería de Empleo, así como de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por regulaciones de empleo y a empresas en procesos de reestructuración o en crisis, sin especificar plazo. Finalmente, se ha incorporado el carácter integral a la iniciativa del PSOE y se han aprobado las del PP y PSOE de forma unificada.

En la exposición de motivos de la iniciativa fiscalizadora planteada por el Consejo de Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que la situación económica en las empresas radicadas en Andalucía tiene una gran repercusión en el mercado laboral y que ello determina que las administraciones públicas pongan en marcha, entre otras actuaciones para dar respuesta a la crisis económica y sociolaboral, la concesión de ayudas sociolaborales.

Se indica que el objetivo de las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis es "facilitar la reestructuración de las empresas con dificultades económicas transitorias, a fin de que puedan afianzar su posicionamiento y, con ello, garantizar su viabilidad y mejorar la competitividad de las mismas".

Recuerda que el artículo 4 de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía atribuye a este órgano, entre otras funciones, la de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y en general de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos.