El presidente de La Unión, Rafael Sebrango, ha denunciado que los terrenos de la fábrica de fibroyeso de GFB en Marina de Cudeyo pasarán a ser propiedad de La Caixa por culpa de la "renuncia" del Gobierno de Cantabria.

Según ha explicado, en el momento de venderse los terrenos "adquiridos con dinero público, parte en expropiación, parte en compra", a GFB, por parte del Gobierno Regional, "se pactó la recuperación para Cantabria de los terrenos en caso de impago, y luego, un consejero ordenó renunciar a dicho privilegio".

La Unión se remite a la inscripción del terreno cedido a GFB, que consta en el Registro de la Propiedad de Medio Cudeyo, para acusar al Gobierno de Cantabria de "renunciar en favor de La Caixa a la única garantía a favor del dinero público de Cantabria que existió en todo el proceso de esta descomunal estafa".

Tal y como detallan, la finca de GFB, la número 17212 de Marina de Cudeyo del Registro de la Propiedad de Medio Cudeyo, tenía anotada la condición resolutoria impuesta por el Gobierno de Cantabria en el momento de procederse a la venta en escritura a favor de la fábrica gestionada por empresarios de Costa Rica.

Así, relata Sebrango, "en caso de no recibir el Gobierno de Cantabria el pago por la venta de los terrenos, que se iba a recibir mediante pagarés aplazados, estaba pactado que recuperábamos los terrenos".

"Esta era una garantía de que si los de Costa Rica engañaban al Gobierno y no pagaban el terreno, Cantabria al menos podría recuperar la propiedad", señalan, para añadir que, sin embargo, "esta garantía fue expresamente renunciada, en perjuicio del dinero público de Cantabria, en beneficio de los empresarios de Costa Rica, y a favor de La Caixa".

Continúan narrando que la sociedad pública de suelo industrial SICAN "consintió y autorizó la relegación de la condición resolutoria"y lo hizo "para beneficiar a La Caixa, que concedió una hipoteca a favor de los empresarios de Costa Rica, y anuló la garantía del Gobierno regional como preferente".

Así, en el Registro de la Propiedad consta que "Suelo Industrial de Cantabria SL consiente y autoriza la posposición de la presente condición resolutoria, aceptando y consintiendo que a la inscripción de la hipoteca de la inscripción 4ª se le conceda el rango de primera".

Esta acción, prosigue Sebrango "sólo la pudo autorizar un consejero del Gobierno regional, o el de Industria, o el de Economía, pues excede con mucho de lo que puede hacer el gerente de la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria".

Agregan que la hipoteca inscrita a favor de La Caixa, que así se convierte en carga preferente de los terrenos de Orejo, responde de un importe de 11.870.552 euros, "carga ésta que no desaparece por el concurso de acreedores, sino que subsiste hasta su completo pago".

Mientras la hipoteca era constituida, GFB dejó de pagar al Gobierno de Cantabria la compraventa de los terrenos.

Sebrango relató que, una vez expropiados parte de los terrenos y comprado el resto, con dinero público, el 1 de Diciembre de 2005, en una Notaría de Santander, el Gobierno Regional de Cantabria, a través de la empresa pública SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) procedió a vender a GFB todos los terrenos, por un importe escriturado de 3.217.643,33 euros, que se pagaría a través de sucesivos pagarés, debiendo estar completamente pagados los terrenos al Gobierno de Cantabria el 17 de Octubre de 2009.

A consecuencia de estos hechos, "de los que Revilla debe responder", finalizó Sebrango, "el que quiera los terrenos de Orejo, el que quiera la nave de GFB, antes de hablar con el Gobierno de Cantabria, con quien tiene que hablar es con La Caixa, y pagarle 11 millones de euros".