El secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Antonio Carrillo, ha propuesto que parte de la recaudación del impuesto sobre tasas y depósitos a las entidades financieras, establecido por la Junta de Andalucía, se pueda destinar a la financiación de proyectos estratégicos de las empresas andaluzas.

Asimismo, ha considerado "excesivo" que se "inhabilite" a los empresarios que incumplan algunos de los requisitos establecidos para aprobar proyectos estratégicos, según se contempla en el artículo 15 del proyecto de Ley de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación y agilización administrativa.

En su intervención en la comisión de Economía, Innovación y Ciencia del Parlamento andaluz para analizar ese proyecto de ley, Carrillo considera que el hecho de que falte documentación o que se aporte documentación inexacta a la hora de presentar proyectos estratégicos "no puede penalizarse con una inhabilitación", algo que, a su juicio, "resulta a todas luces excesivo" y que se ampara en una supuesta "mala fe" del solicitante.

Por ello, ha lamentado la "ausencia de una regulación del procedimiento que ampare los derechos del administrado y que ampare la presunción de inocencia, ya que no se establece un procedimiento de rectificación a la medida".

Asimismo, Carrillo ha valorado el compromiso de la Junta de aprobar el nuevo plan de reducción de cargas administrativas a las empresas sobre lo que, según recordó "ya se ha constituido una comisión de trabajo en el seno del VII Acuerdo de Concertación, donde participan los agentes sociales y económicos" y sobre la que espera que sea "una iniciativa abierta a enormes expectativas y que venga a suponer un estímulo para la inversión empresarial".

Por otro lado, ha lamentado la "ausencia de compromiso" en este proyecto de ley en cuanto al desarrollo de la figura de declaración responsable y comunicación previa que deben efectuar las empresas a la hora de presentar sus proyectos, de forma que "no se aclara en el proyecto de ley cuando ni en qué casos se debe presentar la declaración responsable o comunicación previa y si éstas sustituyen a los trámites o peticiones actualmente existentes".

Así, apunta que en el proyecto de ley "no se recoge el compromiso de regular la sustitución de unos trámites por otros", por lo que la CEA demanda una disposición adicional "donde se concrete el compromiso de la Administración y se establezca un programa de implantación de declaración responsable y comunicación previa".

Carrillo, que ha aplaudido esta ley, espera que sea efectiva "y no se quede en planteamiento de declaración de intenciones" y aboga por que proyectos sobre áreas de oportunidad, campos de golf o actuaciones de excelencia turística sean contemplados y destacados en esta norma.