IU-Los Verdes remitirá en las próximas semanas a la Comisión Europea una copia del proyecto del aparcamiento subterráneo que la empresa Comamsa construirá en el centro de Oviedo para demostrar que "existe un beneficio económico directo" para el Ayuntamiento de la ciudad, con lo que el convenio de Villa Magdalena debe considerarse "un contrato público".

En rueda de prensa, Roberto Sánchez Ramos, actual candidato a la Alcaldía por 'Oviedo por la Izquierda', ha precisado que lo harán ante una resolución de la Comisión Europea en la que dicho organismo señala que sus servicios "no pueden deducir que exista un interés económico directo, con lo que no pueden resolver el fondo del asunto".

En concreto, ha explicado que, según figura en el convenio, los viales de intercomunicación, valorados en el mismo en cuatro millones de euros, pasan a ser "de interés público", con lo que el contrato debería ajustarse a la normativa comunitaria en lugar de estar constituido como "un negocio sin publicidad, concurrencia, ni concursos públicos".

En este sentido, el informe remitido por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios señala que debe descartarse el argumento de las autoridades españolas sobre que el convenio se constituye en "mutuo acuerdo expropiatorio" porque el concepto de contrato público es "de derecho autónomo y uniforme en toda la Unión", con lo que "la calificación jurídica del negocio por el derecho nacional o por las partes es irrelevante".

Añade que la existencia de contrato público no se reduce a la apropiación de las obras o servicios realizados por el adjudicador, sino que deben reportar un beneficio económico directo, que tampoco reconoce la empresa Comamsa.

En este punto, el escrito indica sin embargo que los servicios europeos "no pueden afirmar ni excluir la existencia de un interés económico directo" y delega la decisión en los tribunales nacionales que "se encuentran en una posición privilegiada, con toda la información de contexto a su disposición".

A continuación, el texto apunta que otras dos formaciones políticas y un operador económico han presentado recursos "ante las correspondientes instancias nacionales competentes", con lo que "los recursos previstos tanto por la normativa española como por la de la Unión están siendo utilizados y permitiendo el ejercicio de los derechos derivados de la legislación nacional y de la Unión en materia de contratación pública".

"A la vista de todo lo anterior y en base a la información disponible, los servicios de la Comisión tienen la intención de proponer el cierre del presente caso, a menos que reciban información que pueda alterar la evaluación expuesta en esta carta en el plazo de cuatro semanas", concluye.

Pese a reconocer que existen intentos de "escapismo", Sánchez Ramos ha valorado que la Dirección General no rechaza los argumentos de los demandantes y sí los del Ayuntamiento, por lo que colaborarán aportándole la documentación de la que no disponen en forma de planos y fotografías, en los que se refleja el alcance de las obras. "Nos queda el debate en la Comisión de Peticiones. Seguiremos avanzando", ha explicado el actual concejal de Asciz.