Un hombre absuelto por el Tribunal Supremo (TS) de la violación de su esposa, y que había sido condenado en primera instancia por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y el pago de una indemnización de 9.000 euros, ha formulado una reclamación ante el Ministerio de Justicia en la que exige el pago de 2.734.000 euros a consecuencia de los "daños" morales y psicológicos que le ha causado el hecho de no poder ver a sus dos hijos desde el año 2003, cuando su entonces pareja sentimental presentó la denuncia que derivó en este proceso.

El afectado, José González, ha comparecido este lunes en rueda de prensa acompañado por sus dos abogados, Luis Romero y Enrique Carrasquilla, quienes han hecho un recorrido por el caso y han desgranado todas y cada una de las decisiones judiciales que han impedido a José poder ver a sus hijos, que en mayo de 2003 contaban con 10 años —el varón— y con 2 años —la menor—, una situación que, a juicio de Romero, "afecta a cientos y a miles de padres en España". "Podría ser el guión de una película de terror", ha apostillado.

Tras señalar que uno de los agentes que participó en la detención de José "era familiar de la denunciante", el letrado Luis Romero ha explicado que en todos estos años el afectado no ha podido ver a sus hijos, salvo en una ocasión, a finales de 2010, en la que tuvo un breve contacto de "dos o tres minutos" con su hijo —actualmente mayor de edad— en el Punto de Encuentro Familiar organizado a tal efecto, un encuentro en el que el joven "le dijo que él no existía como padre". En este caso, además, a José "le dieron órdenes de no comentar nada sobre su absolución".

Según ha comentado Luis Romero, los puntos de encuentro "no han funcionado" y siempre "estaban saturados" cuando se necesitaban, lo que ha derivado en que José haya estado desde 2003 sin ver a ambos vástagos. Así, ha comentado que, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Dos Hermanas dictara en abril de 2005 que el afectado podía ver a sus dos hijos el segundo sábado de cada mes durante un periodo temporal de hora y media cada vez, la primera visita se produjo en octubre de 2006, cuando sus hijos "no quisieron verlo".

Suspensión "provisional" de las visitas

Posteriormente, el día 1 de diciembre de 2006, el mismo Juzgado dictó una resolución en la que suspendía provisionalmente estas visitas hasta tanto en cuanto se dictara sentencia en la jurisdicción penal, una decisión que fue recurrida por sus abogados ante la Audiencia Provincial, quien, "en una exhibición de acrobatismo jurídico", en palabras de Carrasquilla, ratificó la decisión adoptada en primera instancia. Asimismo, y una vez se conoció la sentencia absolutoria, se dio traslado de la misma al Juzgado de Dos Hermanas, quien "canceló" el programa de visitas en un auto que ha sido recurrido.

Pues bien, todo lo anterior ha llevado a los abogados de José a presentar una reclamación ante el Ministerio de Justicia en la que exigen el pago de 540.000 euros por la "destrucción" de su derecho a la presunción de inocencia —durante todo este tiempo ha prevalecido "la presunción de culpabilidad"— y de 2.194.000 euros por la "ruptura" con sus dos hijos "durante 90 meses". Los abogados han opinado que "la perspectiva de que pueda "recuperar" a sus hijos "es prácticamente inexistente".

José ha dicho que, actualmente, "me siento solo y abandonado por el sistema judicial", y ha añadido que "se me ha tratado como un violador", a pesar de que "soy inocente y siempre lo he tenido muy claro". "La situación es caótica, no tengo ganas de vivir, desde 2003 estoy en tratamiento psicológico", ha continuado, para señalar, asimismo, que "estoy en contra de cualquier tipo de maltrato, pero también las personas que ponen denuncias falsas deberían ser condenadas".

"una justicia que no ves y que no llega"

De igual modo, José ha lamentado que "es duro llevar ocho años pendiente de una Justicia que no ves y que no llega", pues "uno se siente impotente y tremendamente frustrado" por ello, tras lo que ha puesto de manifiesto que en los puntos de encuentro "me han tratado y tachado como a un violador, y me han intentado separar de mis propios hijos". "Creo en la Justicia, pero no en la aplicación que determinadas personas hacen de ella", ha apostillado.

Por último, y cuestionado sobre si cree que podrá volver a recuperar el contacto con sus dos hijos, el afectado ha dicho, respecto al varón, que "es casi imposible, hoy por hoy lo veo muy complicado", mientras que en el caso de la pequeña "me temo prácticamente lo mismo, pues su recuerdo de mí no puede ser bueno" por todas las circunstancias que han rodeado al caso.

Los hechos

La Audiencia Provincial de Sevilla dictó una sentencia en abril de 2008 en la que relataba que el 25 de mayo de 2003 el procesado, defendido por el letrado Luis Romero, propuso a su esposa mantener relaciones sexuales, pero como quiera que la víctima no quería le propinó varios puñetazos en el hombro y le quitó los pantalones del pijama. Momentos después, según el relato de la Audiencia Provincial, la víctima se dirigía al salón del domicilio familiar cuando fue abordada por el imputado, quien le colocó un cuchillo de cocina en el cuello "diciéndole que la iba a matar y que volviera a la cama". Al llegar al dormitorio, el procesado la arrojó sobre la cama "diciéndole que si se resistía le volvería a pegar".

Tras ello, "pese a la negativa de la víctima y ante el temor de sufrir nuevas agresiones, dejó que el procesado la penetrara vaginalmente". Por estos hechos, la Audiencia lo condenó a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 9.000 euros por un delito de agresión sexual, una sentencia que fue recurrida en casación ante el Supremo por la representación jurídica del procesado, quien alegó quebrantamiento de forma, infracción de Ley e infracción de precepto constitucional como es la presunción de inocencia, motivos todos los cuales fueron impugnados por la Fiscalía.

En una sentencia, consultada por Europa Press, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y anula el fallo de la Audiencia Provincial.