La apertura del plazo de admisión de alumnos en los colegios de la región –que finaliza el 11 de abril–, ha desencadenado una guerra que a día de hoy enfrenta a padres contra padres. Las familias no solo quieren plaza en un colegio, sino que aspiran a que sea en el centro de su elección. Y para lograr la máxima puntuación posible que les facilite la entrada en un centro no dudan en hacer trampas, aunque eso suponga dejar sin plaza a otros.

Certificados de alergias fraudulentos, sospechosos cambios de empadronamiento y datos fiscales incompletos son los recursos más utilizados por los infractores, según han confirmado a 20 minutos asociaciones de padres y vecinos, detectives, pediatras y directores de centros. También la Consejería de Educación es consciente de esta picaresca, aunque dice que son los ayuntamientos y Hacienda los que deben erradicar estas prácticas.

En la capital este fraude afecta, entre otros, a los centros públicos Nuestra Señora de la Paloma y San Ildefonso (Latina). Aquí, la asociación de vecinos Austrias ha denunciado al Consistorio madrileño la existencia de una auténtica "oleada" de "empadronamientos fraudulentos en el barrio por parte de personas que no viven en él y se empadronan en domicilios de conocidos para obtener más puntos", afirman. Por su culpa, dicen, 30 chavales del barrio se han quedado sin sitio este curso.

Este diario contactó con el CEIP La Paloma, donde fuentes del centro reconocieron estar al tanto del "malestar" y confirmaron que en su cole no pudieron matricularse 15 niños que sí viven en el distrito.

Una "injusticia" con la que también quiere terminar el Ayuntamiento de Madrid, que es consciente de que "estas irregularidades ocurren en algunas ocasiones". Es más, han detectado que entre marzo y abril hay un repunte de cambios de empadronamiento. Para atajarlo instan a denunciar todos los casos fraudulentos que los madrileños conozcan, para poder "investigarlos".

Unas investigaciones de las que dan fe los detectives privados que trabajan en la región y que todos los años, tras publicarse las listas definitivas de admitidos, reciben algún encargo de padres despechados que se quedaron sin plaza para hacer seguimiento a familias que sí consiguieron el colegio que querían.

"Suele costar 1.000 euros y se emplean tres días para demostrar que un niño no vive donde declararon sus padres", cuentan desde Apherton Detectives.

Pero no solo vivir cerca del colegio da puntos –4 en total–, también lo hace adjuntar un informe médico que certifique que el alumno padece alergia ya que las enfermedades crónicas del sistema digestivo, endocrino o metabólico se bareman con 1 punto, lo que hace que los padres recurran a pediatras de confianza (casi todos de clínicas privadas) que firmen los certificados.

Algo que reconocen los médicos consultados por este diario, que pese a todo mantienen que la mayoría de pediatras se niegan a hacerlos.

Buen ejemplo de este chanchullo podría ser, según explica J. M. Matesanz en la carta remitida a este diario, lo que ocurre en el Trinity College de San Sebastián de los Reyes (concertado). Allí varios niños han desarrollado unas repentinas "alergias o posibles alergias al pescado y al tomate" certificadas médicamente para lograr más puntos.

El lector, que lo ha denunciado sin éxito a la dirección del centro y a la inspección educativa, asegura que los padres lo hacen "porque los dos coles públicos que hay en la Dehesa Vieja son de pésima calidad". A pesar de eso, lo ve "injusto" para el resto. El Trinity declinó hablar con 20 minutos.

Además del padrón y las alergias, los padres recurren a trapichear con sus datos fiscales. Educación lo reconoce, pero lo considera "residual" y algo que ya solo hacen algunos padres dados de alta como autónomos. Y aunque las trampas se usan más para entrar en los concertados, también afectan "a los centros públicos con prestigio y a los bilingües", tal y como asegura la Federación de Religiosos de Enseñanza que agrupa al 70% de concertados de la región.

Aunque el fraude afecta a todos los colegios, son los concertados los que están estos días en el punto de mira. Y no solo en Madrid. Un sonado caso ocurrido en Valencia en el curso 2005-2006 acabó con 18 alumnos expulsados del colegio concertado de los Maristas. Sus padres habían falsificado documentos de discapacidad para obtener más puntos. Descubierto el fraude, la Consejería valenciana de Educación decidió expulsarlos. Además, pagaron multas de entre 360 y 600 euros por falsificación documental.

Yolanda Sánchez y Julio Pérez, de 37 y 41 años, saben que hicieron mal, pero cuando nació su primer hijo vivían en Usera y allí no tenían a nadie. "Siempre quisimos volver a Moratalaz. Por eso nos divorciamos en el padrón y el niño y yo nos empadronamos en casa de mis padres", explica Yolanda. Ella estudió en el CEIP Manuel Sainz de Vicuña, "el más valorado del barrio", y quería que su hijo empezara ahí desde el principio. "La razón fue por tenerlo cerca de los abuelos, que nos podían echar una mano, y con la idea de que antes o después nos mudaríamos". Años después lo hicieron y sus hijos –ahora dos– ya son ‘legales’. Su empeño les obligó durante años a levantar al mayor a las 6.30 y cruzarse Madrid de punta a punta "para dejarle en el desayuno del cole a las 7.30 h", cuenta. Al menos sabe que "nadie se quedó sin plaza por mi culpa".