El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, planteará hoy a los grupos parlamentarios los distintos márgenes evaluados por el Ejecutivo regional para lograr "protagonismo" sobre la gestión del Duero tras la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se anula el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el que se plantea que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de la cuenca.

En concreto, según ha explicado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, existe margen posible sin barajar la reforma del Estatuto de Autonomía.

Así, el consejero de la Presidencia ha apuntado como fórmulas para asumir la gestión la transferencia de la competencia o la delegación de la misma a través de la aprobación de leyes orgánicas, además de la opción de llevar a cabo una encomienda de gestión o la modificación de la Ley estatal de Aguas.

De Santiago-Juárez ha manifestado que a la reunión, que tendrá lugar el lunes a las 11.00 horas en las Cortes de Castilla y León, la Junta asiste con "el mejor de los deseos" y ha defendido que Herrera ha hecho "lo que tenía que hacer" al convocar a los grupos parlamentarios.

"Tenemos margen, queremos y debemos tener protagonismo en la decisiones sobre el Duero, tenemos voluntad de gestionarlo", señaló De Santiago-Juárez, quien señaló que el Gobierno regional tiene interés en los usos del agua en aspectos como el abastecimiento y regadíos, en obras hidráulicas de interés general como las de prevención de riadas y en la protección de vertidos y depuración.

Opinión de los grupos

Por su parte la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, ha señalado que los representantes socialistas en las Cortes asistirán a la reunión convocada por el presidente con "afán constructivo", aunque ha lamentado que la Junta ha reaccionado de forma "lenta y tardía".

Redondo ha anunciado que en el encuentro que se celebrará el lunes la acompañarán el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Pedro José Muñoz, el procurador socialista Óscar Sánchez, aunque no estará presente el secretario autonómico del PSOE y candidato a la presidencia de la Junta, Óscar López, ya que "fue el que dio el primer paso" y solicitó una reunión urgente el mismo día que se conoció la sentencia con lo que demostró su "agilidad" y voluntad de "consenso".

Para Redondo la sentencia del TC deja "poco margen de maniobra", ya que se ha "estrechado" la posibilidad de gestión, aunque ha avanzado su intención de "buscar soluciones".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha incidido en que desde Castilla y León "nunca" se ha aspirado al "blindaje" de las aguas, sino que la intención es que la Comunidad cobre "protagonismo" en la cuenca por el "interés ciudadano" que, como ha señalado, fue lo que inspiró la reforma del Estatuto de Autonomía.

"Este es el objetivo, tener el protagonismo que nos corresponde sobre el río que es fundamental para nuestro desarrollo", ha manifestado en declaraciones a Europa Press, tras lo que ha incidido en que el objetivo del encuentro con el presente es conocer el análisis jurídico de la sentencia y alcanzar el mayor consenso posible en este sentido.

Asimismo, Fernández Carriedo ha incidido en la necesidad de que haya un "trato de igualdad" con Andalucía, quien vive una situación similar con el Guadalquivir, ya que, a su juicio, "no es lógico" que el Gobierno "trate de forma diferente" a dos comunidades autónomas, por lo que ha reclamado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reciba a Herrera al igual que lo ha hecho con el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional no deja "mucho" margen de actuación a la Comunidad Autónoma, aunque ha abogado por escuchar la información que trasmita el presidente de la Junta de Castilla y León.

Otero ha considerado que desde ahora la gestión del Duero depende más de una "gestión política que jurídica", ya que debe ponerse de acuerdo tanto Junta y Gobierno, al tiempo que ha defendido un trato igual del Ejecutivo Central para Castilla y León y Andalucía.