Izquierda Unida ha advertido a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de la "inseguridad jurídica" que supondría plantear una oferta de vacantes en la convocatoria de concurso de traslados ligado a la nueva oferta de empleo público "susceptible de modificación posterior" como consecuencia de la puesta en marcha de las nuevas agencias previstas en la Ley de reordenación.

El portavoz adjunto de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Pedro Vaquero, ha registrado en el Parlamento una pregunta con ruego de respuesta por escrito en la que pide al departamento que dirige Carmen Martínez Aguayo que deje claro si es "correcta la información según la cual la oferta de vacantes a cubrir en la convocatoria de concurso de traslado será susceptible de modificaciones posteriores".

En la iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara y a la que ha tenido acceso Europa Press, Vaquero alerta de que, "mientras no se conoce la definitiva ubicación de estos empleados consecuente con la reordenación del sector público que suponga la puesta en marcha de las nuevas agencias —las relaciones de puestos de trabajo (RPT)—, los puestos de trabajo ofertados en la convocatoria de traslado serán en todo caso susceptibles de modificación", lo que, en su opinión, "implica un problema de inseguridad jurídica para el personal que aspire a beneficiarse de dicha oferta".

En este sentido, el parlamentario de IULV-CA urge a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a explicar "cómo piensa compatibilizar el derecho a la seguridad jurídica e igualdad de condiciones de los demandantes en la convocatoria del concurso de traslados, con el cronograma de salida de los estatutos de las nuevas agencias y el consiguiente conocimiento preciso de los puestos de trabajo vacantes ofertables en dicha convocatoria".

Agencia andaluza del agua

En otra pregunta parlamentaria, Vaquero también se interesa por el futuro de los empleados públicos provenientes de la anterior Agencia Andaluza del Agua después de que "en la Ley de reordenación del sector público de Andalucía se contemplaba expresamente que no serían destinados en la nueva Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua", de forma que "hasta tanto no sea aprobado el Estatuto no se conocerá con certeza la estructuración global de todo el personal perteneciente a Medio Ambiente".

Según el diputado de IULV-CA, "entre tanto este personal se pregunta de quién van a depender orgánicamente y cuáles van a ser los trabajos que se les encomienden", por lo que pide a la Junta que aclare "en qué ámbito de la estructura, tanto del ámbito central de la Consejería como de las delegaciones provinciales de Medio Ambiente, van a ser destinados estos empleados públicos".

Además Vaquero quiere saber si está prevista la creación de una "Secretaría o Dirección General de Aguas de la que dependan orgánica y funcionalmente" estos empleados públicos, así como "qué tareas van a serles encomendadas".