La alcaldesa de Quart de Poblet y secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, ha presentado dos recursos de reforma y apelación contra sendas resoluciones del Juzgado de Instrucción número 1 de Quart de Poblet por las que ha abierto diligencias previas como consecuencia de la denuncia y la querella presentadas por el PP contra ella, en la que se le acusa de cometer un delito de prevaricación. Martínez, que ha sido llamada a declarar el 12 de mayo en calidad de imputada, considera que las acusaciones contra ella son falsas y buscan "dañar su imagen".

Los 'populares' presentaron una querella contra ella por la contratación de la iluminación navideña de los años 2005 a 2009, alegando que no se cumplieron todos los trámites previstos por la legislación vigente. Asimismo, denunciaron a la alcaldesa socialista por la ocupación sin permiso de suelo público por parte de una empresa de viveros.

La responsable socialista solicita que se suspenda la citación mientras se resuelve la solicitud inadmisión de la demanda y la querella, al considerar falsos los hechos planteados por el PP.

La dirigente socialista ha reclamado así la inadmisión, tanto de la querella como de la demanda, al entender que la intencionalidad con la que se interponen es "evidente y fruto de una burda manipulación de la realidad" por parte del PP para "dañar políticamente" su imagen "con ocasión de las inminentes elecciones municipales".

En el caso de la iluminación navideña, Martínez defiende que en el caso de la adjudicación, "se produjo sólo un error administrativo, al no incorporar al expediente el pliego de condiciones técnicas, que sí se elaboró porque hay un documento que así lo acredita". "Fue un fallo cometido por un funcionario que ya no trabaja en el Ayuntamiento y se subsanó en los siguientes ejercicios".

Por lo que se refiere a la ocupación sin permiso de suelo público por parte de una empresa de viveros, Martínez asegura que "se detectó y se exigió a la empresa que dejara las parcelas, ubicadas fuera del casco urbano.

Así, acusan a los 'populares' de "ocultar" al juez instructor que la ocupación de los terrenos fue conocida por el Ayuntamiento en el mes de octubre de 2010 y que, "acto seguido y sin demora, se instruyó el oportuno procedimiento para resolver adecuadamente dicha situación".