El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha acusado a la Junta de haber incrementado en al menos 17 millones de euros la dotación de la partida del "fondo de reptiles" de la Consejería de Empleo vinculado a las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) a través de cuatro modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno entre los años 2005 y 2008 "a sabiendas" de que la Intervención General cuestionase el procedimiento hasta en siete ocasiones entre los años 2002 y 2010.

Sanz ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en la que el PP ha distribuido cuatro documentos con comunicaciones a los grupos políticos de la Secretaría General de Relaciones con el Parlamento sobre la aprobación de modificaciones presupuestarias en el programa 31 L de la Consejería de Empleo, vinculado al "fondo de reptiles" por parte del Consejo de Gobierno en reuniones celebradas el 7 de diciembre de 2005 —por importe de 779.895,97 euros—; el 7 de noviembre de 2006 —por 9,3 millones de euros—; el 27 de noviembre de 2007 —por 7.448.503,42 euros—; y el 22 de diciembre de 2008 —por 439.650,99 euros—, junto a extractos de informes de la Cuenta General de la Junta correspondientes a los mismos ejercicios.

Según el 'número dos' del PP-A, estos documentos demuestran que el 'fondo de reptiles' "no era un asunto de un director general" y constituyen "pruebas que determinan que el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento" de modificaciones presupuestarias de esta partida "con decisiones que involucran al conjunto del Gobierno andaluz y de manera directísima al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán".

Sanz ha rechazado que el paso de las modificaciones presupuestarias por el Consejo de Gobierno sea un "trámite normal" porque no todas van a este órgano y ha subrayado la "enorme gravedad de que a sabiendas los consejeros, en especial el entonces presidente de la Junta y el entonces consejero de Economía y Hacienda que existía informes de Intervención que detectaban irregularidades en las partidas vinculadas a este programa, el Consejo de Gobierno decidiera incrementar su dotación".

Implica a la junta "al máximo nivel"

"A pesar de las irregularidades detectadas por la Intervención General y que conoció el Consejo de Gobierno, se decidió en al menos cuatro ocasiones aprobar modificaciones presupuestarias destinadas al 'fondo de reptiles'", ha criticado el dirigente popular, que ha subrayado que estos acuerdos relativos a modificaciones presupuestarias "implica al máximo nivel de la Junta de Andalucía y al Consejo de Gobierno, que a sabiendas de la irregularidad incrementó en 17 millones de euros que se sepa por ahora el 'fondo de reptiles'".

Tras señalar que "los incrementos presupuestarios tenían que ser elevados al Consejo de Gobierno directamente por el consejero de Economía", entonces José Antonio Griñán, Sanz ha asegurado que el presidente de la Junta "ha mentido" ante el Pleno de la Cámara al negar que el Consejo de Gobierno tratase alguna vez este asunto y se ha "demostrado que participó como consejero de Economía en el fondo de reptiles", por lo que ha considerado que "sólo le queda presentar la dimisión".

Por último, el secretario general del PP-A ha apuntado que Griñán también "ha mentido" acerca de la ausencia de informes de actuación por parte de la Intervención General, ya que ha indicado que dichos informes "no podían existir" porque sólo se evacúa después de el organismo afectado, en este caso el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —actual agencia IDEA— remite a la Intervención las medidas que ha tomado a raíz del informe inicial.

Sanz explicó que los informes de la Intervención General alertaron "en años sucesivos" de que "se estaba incumpliendo el procedimiento", ya que el dictamen del año 2006 aseguraba que la Junta había "incumplido la normativa específica que regula el envío periódico de información a la Intervención General y el sistema establecimiento de seguimiento de recomendaciones de informes precedentes", lo que, según Sanz, impedía que la Intervención pudiera "elevar el informe último de actuación".