Jueces aprueban por unanimidad que la juez que investiga los ERE sea eximida seis meses de nuevos asuntos

La Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla ha aprobado este jueves por unanimidad eximir del reparto de nuevos asuntos durante un periodo temporal de seis meses a la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, que investiga, entre otros asuntos de gran envergadura, la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía.

En este sentido, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha informado en declaraciones a Europa Press de que, durante la Junta celebrada en la mañana de este jueves, se ha aprobado de manera unánime eximir de manera "parcial" a la juez Mercedes Alaya, pues, aunque estará liberada del reparto de nuevos asuntos, sí se encargará de los casos que le entren durante sus turnos de guardia.

Al hilo de ello, Jiménez Ballester ha precisado que, una vez la Junta de Jueces ha aprobado esta medida, ahora se remitirá la propuesta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que será la que en última instancia decida sobre el particular. Además, el TSJA también deberá decidir si dota al Juzgado de un juez de apoyo que le sustituya en los juicios de falta.

Hay que recordar que, a principios del pasado año 2010, la juez Mercedes Alaya ya estuvo exenta del reparto de asuntos durante tres meses debido a la "excesiva" carga de trabajo que venía soportando, provocada entre otros por el caso Mercasevilla. Una vez finalizados los tres meses señalados, la juez no solicitó la prórroga de la medida durante el mismo periodo temporal.

En estos momentos, la juez está investigando asuntos como el caso Mercasevilla, que engloba el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza, la supuesta venta "fraudulenta" de los suelos del merca y un presunto delito societario; la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE incentivados por la Junta de Andalucía, o la demanda por presunto delito societario contra el máximo accionista del Real Betis Balompié, Manuel Ruiz de Lopera.

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