El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que fue consultado por el Gobierno para el uso de las bases militares situadas en Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) de cara a la intervención aliada en Libia, "una intervención autorizada por la ONU para hacer frente a un gobierno dictatorial que se disponía a exterminar a una población que sólo pedía libertad y democracia".

Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta oral formulada por el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, Griñán ha afirmado que "cuando se trata de masacrar a un pueblo hay que intervenir" y ha señalado que la ONU "ha tomado partido a favor del pueblo libio para desarrollar operaciones que puedan conseguir la democracia y hacer efectiva las legitimas reivindicaciones del pueblo libio".

En esta línea, el líder del Ejecutivo andaluz ha lamentado que el máximo dirigente de IULV-CA no sea capaz de distinguir "entre una guerra preventiva autorizada por la Naciones Unidas y una ilegal, argumentada por mentiras como las armas de destrucción masiva y que pretendía un choque de civilizaciones". "Estamos viendo cómo instaurar entre todos la democracia en Libia ante las ansias de libertad de un pueblo", ha añadido.

Por su parte, Diego Valderas ha preguntado a Griñán si justifica una guerra "por petróleo" y le ha recordado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, "se besuqueaba no hace mucho tiempo y hacía manitas con Gadafi". "Era Zapatero y no nadie de mi grupo", ha señalado el líder de IULV-CA, quien fue contestado por Griñán que hay fotos del propio Valderas "con otros dictadores del otro lado del Atlántico".

El dirigente de la federación de izquierdas ha considerado que Griñán será responsable de sus "contradicciones" en materia bélica. "IULV-CA aboga por la paz frente a la guerra y busca otro tipo de salida", ha afirmado Valderas, quien ha criticado que el Gobierno de la Nación haya gastado desde 2004 un montante de 4.200 millones de euros en conflictos armados, "mientras el número de parados crecía y se producían recortes, recortes y más recortes".

De otro lado, cuestionado también sobre el impulso a las energías renovables y el rechazo a las centrales nucleares, el presidente de la Junta ha considerado "oportunista" abordar en estos momentos dicho debate, añadiendo que el Gobierno andaluz desde hace ya mucho tiempo dijo no a la energía nuclear y realizó una apuesta importante por las energías renovables, siendo la única comunidad autónoma española que tiene una ley aprobada al respecto.

Asimismo, Griñán ha destacado que un tercio de la potencia eléctrica que hay en Andalucía es "energía limpia y renovable" y que la Junta ha destinado en los dos últimos años un montante de 3.500 millones en los dos últimos años a inversiones en esta materia. Según ha precisado el líder del Ejecutivo, Andalucía es la comunidad autónoma que más ha visto crecer desde 2007 la energía eólica.

Valderas pide una andalucía "libre de energía nuclear"

Por su parte, Diego Valderas ha pedido a Griñán que abogue por declarar Andalucía como "territorio libre de energía nuclear" y por cerrar el almacén de residuos radiactivos El Cabril situado en la provincia de Córdoba. "Las centrales nucleares son tremendamente peligrosas para la vida y el desarrollo humano, por lo que hay que apostar por elementos de desarrollo sostenible", ha apostillado.

Asimismo, ha vuelto a demandar el adelanto electoral de las elecciones andaluzas, argumentando que la octava legislatura está "en agonía y acabada". No obstante, Griñán le ha contestado que las elecciones en Andalucía tendrán lugar en marzo de 2012.

Valderas ha indicado que el Gobierno andaluz está sin estrategia económica y tocado "políticamente". "La fiabilidad de su gobierno se desmorona y usted está en situación de insolvencia política", le ha trasladado a Griñán, al que ha instado a aclarar si mintió cuando hablaba de colaboración "estrecha" con la Justicia "cayera quien cayera", en relación a las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).