Ocho de cada diez funcionarios judiciales firma en contra de la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Palma

Ocho de cada diez funcionarios judiciales (82 por ciento) ha firmado en contra de la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Palma solicitando su paralización, hasta que se corrijan sus "gravísimas deficiencias", según el sindicato CSIF, que ha recogido estas firmas para enviarlas al Ministerio de Justicia; a la sala de Gobierno del TSJB; al decano de los Juzgados de Palma; a los Colegios de Abogados y Procuradores y a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Baleares.

Ocho de cada diez funcionarios judiciales (82 por ciento) ha firmado en contra de la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Palma solicitando su paralización, hasta que se corrijan sus "gravísimas deficiencias", según el sindicato CSIF, que ha recogido estas firmas para enviarlas al Ministerio de Justicia; a la sala de Gobierno del TSJB; al decano de los Juzgados de Palma; a los Colegios de Abogados y Procuradores y a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Baleares.

En un comunicado, el CSIF ha explicado que estas firmas serán remitidas junto a un texto en el que se tacha de "impresentable, chapucera y vergonzosa" la implantación que se está haciendo de la Nueva Oficina Judicial, cuando, a su juicio, está debería ser un "instrumento real de superación de nuestro modelo decimonónico de Justicia".

"Los resultados que arrojan las diferentes ciudades-piloto en las que se ha implantado son tan escandalosos como incontestables y ello no es una apreciación subjetiva del CSIF, sino una realidad pública, notoria, bochornosa y contrastada, así como denunciada por todos los operadores jurídicos con la resonancia que permiten los medios de comunicación social de todos los signos políticos posibles", ha señalado.

Así, ha apuntado que la concreción que el Ministerio de Justicia ha hecho en estas ciudades-piloto de la Nueva Oficina Judicial ha convertido a ésta en el "principal enemigo de la Administración de Justicia", dado que "ha sumido en el más profundo y desalentador caos a la Justicia, en todas y cada uno de los municipios en los que se ha implantado".

De este modo, ha considerado que la Administración de Justicia está ahora "mucho peor que antes" de la Nueva Oficina Judicial, dado que el "retraso que significa para el registro y despacho de todos los asuntos judiciales raya el colapso".

En esta línea, el CSIF ha reprobado que la aplicación informática Minerva-Noj ha resultado ser "desastrosa" para la Administración de Justicia, ya que "en ciudades-piloto, como Cáceres y Ciudad Real han transcurrido varios días sin que la aplicación funcione".

Asimismo, ha agregado que "no sólo no funciona, sino que los documentos que permite editar cuando funciona son absolutamente insuficientes para la práctica procesal diaria necesitando constantemente que los funcionarios tengan que confeccionar por sí mismos nuevos documentos que no existen en Minerva-Noj".

Por otro lado, el CSIF ha señalado que la "carencia" de personal funcionario es "absolutamente clamorosa", teniendo en cuenta que la Nueva Oficina Judicial "necesita para subsistir un importante incremento del personal de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio".

"La Nueva Oficina ha multiplicado enorme e innecesariamente la burocracia procedimental de la Justicia, cuando es precisamente lo contrario lo que se necesita", ha sostenido, al tiempo que ha advertido de que este nuevo sistema está generando una "tremenda inseguridad jurídica".

Por estas razones, el CSIF ha estimado que Palma "no es la mejor opción para hacer experimentos" implantando la Nueva Oficina Judicial, debido a que "el volumen de su población, tanto activa como turística, su idiosincrasia y su especificidad hacen especialmente peligroso el convertirla en nueva ciudad-piloto".

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