Las

Ute fcc-Lumsa y Resenetma -filial de Melchor Mascaró- han alegado que fueron ellas, y no el Consell, las perjudicadas por el cambio de facturación "impuesto" por la Institución Insular en el sistema de recogida selectiva, por el que sufrieron un "quebranto" económico valorado en unos 3,1 millones de euros por facturas impagadas y sin que la Administración pública haya sufrido "perjuicio alguno".

Así consta en los escritos de alegaciones, a los que ha tenido acceso Europa Press, que los responsables de estas empresas, Enrique Francia (FCC-Lumsa) y María Mascaró (Melchor Mascaró), han presentado al juez instructor del caso Cloaca, que investiga una presunta sobrefacturación por parte de las concesionarias de este servicio, pese a que éstas defienden que no existen indicios de criminalidad en su actuación frente a los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental que entre otros se investigan.

Tal y como refleja en su escrito la defensa de Mascaró, ejercida por el letrado Jaime Campaner, el Consell ha dejado de pagar 958.905 euros a la UTE mientras que en el caso de la otra unión de empresas, el letrado de Francia señala que los "continuos incumplimientos" de la Institución han provocado un "quebranto" de 2,1 millones.

Las defensas han presentado estos escritos después de que la Fiscalía Anticorrupción calculase en más de 3,1 millones de euros las cantidades que abonó el Consell a las UTE por trabajos no realizados, por lo que podría solicitar una fianza civil superior a la cantidad presuntamente malversada.

Así, Mascaró asevera que no atisba el "más mínimo indicio racional de criminalidad en la conducta de los imputados" de las UTE, al aseverar que entre los "privilegios y prerrogativas" de los que goza la Administración pública se encuentra la introducción "unilateral" de modificaciones en el contrato frente a las cuales el contratista "tiene escaso margen de movimiento" y en la mayoría de los casos "debe acatar obligatoriamente" estos cambios, tal y como sucedió, defiende, en el caso de la recogida de residuos.

Tras recordar que esta modificación se produjo como compensación después de que el Consell autorizase a los Ayuntamientos contratar este mismo servicio, lo que provocó pérdidas a estas empresas, la responsable de Melchor Mascaró manifiesta que "no tenía por qué dudar de la legalidad de una fórmula de compensación que le ofrecía la propia Administración" y que aceptó la concesionaria "como mal menor".

Junto a este escrito, el informe pericial aportado por Campaner en esta causa concluye que el Consell adeuda a la UTE un total de 958.905 euros como consecuencia del contrato modificado, por lo que el escrito asevera que la concesión en su conjunto ha resultado "deficitaria" para la unión de empresas, que ha existido "una importante desviación" y que "el incumplimiento del Consell ha generado el devengo de intereses de demora".

"nuevo ejercicio de incoherencia del consell"

Por su parte, el letrado de Francia, Luis Jordana de Poza, señala en sus alegaciones que el Consell, y "sólo el Consell", decidió cambiar el sistema de facturación y denuncia que ahora sea la Institución insular la que tacha de irregular esta variación "en un nuevo ejercicio de incoherencia". "La denuncia con que se inicia este procedimiento no es sino un eficaz instrumento del Consell para lucrarse a costa, al menos, de la

Ute fcc-Lumsa", prosigue el escrito.