El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado que el Gobierno andaluz ha demostrado en el caso de las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que "no sólo quiere controlar al Parlamento, vetando la celebración de una comisión de investigación, sino también a la Justicia, al negarle las actas de los Consejos de Gobierno de los diez últimos años, solicitadas por la juez que lleva el caso".

En declaraciones a Europa Press, Valderas ha anunciado que los servicios jurídicos de IULV-CA están estudiando la Ley del Gobierno en la que se ampara la Junta para no remitir a la Justicia dichas actas. No obstante, desde un punto político y no jurídico, ha dicho que el principal argumento del Gobierno andaluz de "colaboración estrecha y exhaustiva con la Justicia se viene abajo".

"Si el Gobierno puede acordar hacer públicas las actas, siendo una potestad suya, por qué no lo hace", se ha preguntado el líder de IULV-CA, quien ha apuntado que lo que se deja entrever es que la Junta "tiene algo que esconder" en las actas. Además, se ha mostrado convencido de que, en ningún caso, el Gobierno andaluz esperaba "la diligencia y la firmeza" de la juez que instruye el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

En opinión de Valderas, ha quedado claro que la juez está dispuesta "a llegar hasta el fondo de este asunto, caiga quien caiga, por lo que no se puede excluir de la investigación ni al Consejo de Gobierno ni al presidente de la Junta, José Antonio Griñán". "La juez ha señalado un posible lugar del delito, más allá de los intrusos y de las meteduras de pata y de mano que haya podido haber, y donde se tenía que haber cortado de raíz la situación y no se hizo, pese a las reiteradas advertencias de la Intervención General", ha añadido.

Tras afirmar que la juez ha puesto "el dedo en la llaga", ha dicho apreciar "cierta inseguridad" por parte del Gobierno andaluz, "que pasa de una actitud colaboradora a una obstruccionista, polemizando con la justicia y pretendiendo hacer lo mismo que con el Parlamento". A su juicio, la Justicia "acorrala" a la Junta y ésta se pone "a la defensiva".

Finalmente, ha pedido al Gobierno andaluz que reflexione sobre su colaboración con la Justicia, que debería ser "más estrecha y rotunda", y ha afirmado que, tras la negativa a enviar las actas del Consejo de Gobierno a la juez, se desmonta su estrategia de "parapetarse" detrás de la Justicia.