El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado este martes que el informe de la Conselleria de Educación que autoriza la recalificación de una parcela escolar pública de 12.965 metros cuadrados en el distrito de Campanar —para que la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) construya y explote durante 75 años una clínica universitaria y una facultad de medicina y farmacia— está basado en "datos erróneos de población suministrados por el equipo de gobierno municipal del Partido Popular".
El concejal del PSPV Juan Soto, quien ha informado del documento de alegaciones que el grupo municipal socialista presentará contra el cambio de uso de la parcela, considera que la recalificación supone "uno de los mayores atropellos que se han producido en la ciudad contra la educación, al sacrificar y entregar a una empresa privada para hacer negocio una parcela escolar vital para la escolarización secundaria".
Soto ha explicado que el pleno municipal de febrero aprobó de forma inicial, con el voto en contra de los representantes socialistas, el cambio de uso de la parcela dotacional de titularidad municipal delimitada por las calles Rafael Alberti, Sierra Calderona, Jorge Comín y Pío Baroja de sistema local educativo cultural a sistema general educativo cultural universitario.
La recalificación había sido solicitada por la mercantil Inversiones Sociosanitarias SL (Inverso), participada por la Fundación Universidad Católica San Vicente Mártir, que reclamaba la modificación del planeamiento y la posterior licitación de una concesión por 75 años.
La parcela había sido cedida por los promotores del sector urbanizable al Ayuntamiento de Valencia como carga urbanística, con lo que "en la práctica ha sido sufragada por los vecinos en el pago de sus viviendas para que se construyera un centro escolar".
El edil socialista ha indicado que el informe en el que la Conselleria autoriza el cambio de uso parte de unas previsiones de habitantes "irreales", al considerar, en base a los datos suministrados por el Ayuntamiento, que en el ámbito afectado "solo existen 15.000 viviendas, cuando solo en 2009 ya se habían construido 18.000 y aún es posible construir otras 3.000". Así, el estudio de la Conselleria "parte de una previsión de 7.000 viviendas menos que las potenciales", según Juan Soto.
Además, ha criticado que el informe no se ocupa sólo del sector urbanizable de Campanar, sino de todo el distrito escolar, lo que incluye seis nuevos sectores urbanizables —Ademuz A y B, Campanar Norte y Sur, Sant Pau y Beniferri—, "obligando en ocasiones a que los alumnos realicen desplazamientos de hasta tres kilómetros".
Asimismo, "vulnera las dimensiones mínimas exigibles para colegios e institutos", ha resaltado el concejal, quien ha añadido que mientras la normativa exige parcelas de al menos 7.000 metros cuadrados para centros de infantil y primaria y de 12.000 para centros de secundaria, la Conselleria "autoriza ahora un colegio en una parcela de 5.000 metros cuadrados y un instituto en una parcela de 8.600".
Y lo hace, según ha explicado Soto, "alegando excepcionalidad". Sin embargo, como ha señalado el edil, "la excepcionalidad se puede entender en el centro historio o en zonas urbanas consolidadas donde no existan parcelas de las dimensiones necesarias, pero no en un distrito en el que ya se disponía de una parcela pública de 13.000 metros cuadrados, pues ello supondría, a su juicio, una "aberración".
Privatización de la gestión de las nuevas escoletes
Por otra parte, el edil ha indicado que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes la adjudicación de la gestión indirecta de las cuatro escoletes construidas con la financiación del primer Fondo Zapatero, lo que "consuma la privatización de las escuelas infantiles".
La red de escuelas infantiles "está totalmente desvirtuada y pervertida al hacer negocio para que empresas privadas se lucren aprovechándose de la educación de los mas pequeños", ha denunciado el concejal.
Soto ha manifestado su disconformidad con que el equipo de gobierno, "a través del dinero ajeno, impulse la primera red incipiente de escuelas infantiles, pero sacrifique el interés general de la sociedad".
"Abdica su responsabilidad en materia de educación y se la entrega a empresas privadas, rompiendo en la práctica con el derecho de libertad de elección de modelo educativo. No tendremos escuelas públicas infantiles, sino contenedores públicos financiados por empresas privadas que hacen negocio de la educación. No se aprovechan estos fondos estatales para vertebrar autentica red de educación pública", ha seañalado el edil.
El concejal socialista ha informado de que la tarifa de máxima de escolarización de los centros, incluyendo de 9 a 17 horas y el servicio de comedor pero no los servicios y horas adicionales, es de 460 euros para alumnos de hasta un año, de 350 de uno a dos años, y de 280 de dos a tres.
Soto recordó que de las tres escoletes previstas con cargo al Plan de Inversión Productiva de la Generalitat, solo se ha encargado la redacción de proyectos por 241.000 euros. En cuanto al Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local del segundo Plan E, ha asegurado que ha supuesto una inversión de 2.495.098 para la escuela infantil del distrito de Quatre Carreres y de 3.420.000 euros para la escuela de Campanar.
Cuando estén construidas, la inversión total del Gobierno de España para la construcción de escoletes en la ciudad ascenderá a 12.022.020 euros, según ha resaltado el representante socialista.
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