El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años que le ha reclamado en un auto la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, por considerar que se trata de un requerimiento "indiscriminado" que "vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma", que acredita su carácter "reservado".

Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que la Junta ha acordado ofrecer a la magistrada, algo que se hará mediante un requerimiento acompañado de oferta de vía alternativa, con "carácter inmediato", "vías alternativas" para conocer "idéntica información" a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos" adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el contenido íntegro de las actas, lo que permitiría no vulnerar la Ley del Gobierno.

Tras señalar que esta solicitud de la magistrada es "inédita en el orden constitucional español", Moreno ha indicado que, "en el caso improbable de que el Juzgado no acepte estas vías alternativas", la Junta formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, "en defensa de las potestades del Gobierno andaluz" por considerar que la juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".

Moreno ha recordado que, en caso de que finalmente tuviera que pronunciarse dicho tribunal, dado su carácter nacional, la resolución que dictara, marcaría un precedente para toda España, incluso para el Consejo de Ministros.

La Junta ha adoptado estas decisiones en base a un informe de sus Servicios Jurídicos en el que se señala que es contenido propio de las actas de Consejo de Gobierno, conforme a los dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley del Gobierno de Andalucía, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados, según ha expuesto Moreno, quien se ha referido también al artículo 31 de la citada norma, donde se señala que los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán "carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

Asimismo, los acuerdos adoptados e informes presentados, según ha explicado, pueden ser de naturaleza administrativa —sometidos al principio de publicidad— o política, que no se someten al principio de publicidad o de certificación, a no ser que de manera expresa se acuerde lo contrario por el Consejo de Gobierno. "Es una potestad, por lo tanto, la de hacerlos públicos que corresponde en exclusiva al Consejo de Gobierno", según ha indicado la consejera, quien ha agregado que en este caso el juzgado no se ha dirigido al Ejecutivo solicitando tal pronunciamiento y motivando las relaciones de dicha necesidad, sino que se ha solicitado la entrega material de todas las actas, de diez años, "sin especificar qué tipo de acuerdo o contenido de las actas se precisan para el buen fin de la investigación judicial".

Según Mar Moreno, estamos, por lo tanto, ante una petición "que no discrimina y que además no está motivada para que pueda sustentar al Consejo de Gobierno, que en caso contrario se vería obligado a incumplir la Ley, a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias".

En este sentido, ha recalcado que el requerimiento del juzgado relativo a las actas provoca un "claro conflicto jurisdiccional" y de poderes constitucionales, entre el ejecutivo y el judicial. Ha expresado que la Junta quiere resolver ese conflicto a favor de la investigación judicial, sin "violentar" la Ley del Gobierno, lo que supone ofrecer al Juzgado vías alternativas "para llegar al mismo fin". "Pero entendemos que la remisión de las actas de forma generalizada no es legal", ha sentenciado Moreno, quien ha señalado que quieren dar toda la información que precise el juzgado "sin violar de forma indiscriminada el carácter reservado de la documentación que puede incorporarse a las actas del Consejo de Gobierno".

Ha indicado además que esta decisión de la Junta, en modo alguno, detiene las actuaciones ni el procedimiento judicial abierto, porque se refiere concretamente a las actas del Consejo de Gobierno, con lo que no tiene la "menor influencia dilatoria" en el resto del procedimiento.

Ha insistido en que no parece razonable que en busca de algún acuerdo concreto, se pida a un Gobierno que haga públicos miles de acuerdos o informes de naturaleza política o administrativa que "nada tienen que ver con la investigación judicial". "No alcanzo a entender para qué el juzgado puede querer todas las actas del Consejo de Gobierno de diez años para distribuir entre todas las partes del proceso miles y miles de acuerdo que nada tienen que ver con la investigación que se sigue en el juzgado", según ha señalado.

Ninguna intención de "ocultar"

Preguntada sobre si no les preocupa que el PP-A acuse a la Junta de querer "ocultar" algo al no remitir las actas completas, Mar Moreno ha señalado que si el Gobierno andaluz tuviera algo que "ocultar" no hubiera ofrecido al Juzgado una vía alternativa y hubiera ido directamente al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Ha agregado que, sin duda, el PP dirá lo que quiera decir y se aprovechará de cualquier "incidencia", al tiempo que volverá a recurrir a la crítica "fácil y simple" y a la desinformación a la ciudadanía.

Ha recordado que el pasado viernes la Junta ya depositó en el Juzgado la documentación que se requería en un plazo de 48 horas, lo que ha supuesto más de 150.000 folios localizados, cotejados y diligenciados por funcionarios, mientras que la documentación pendiente que no está sujeta a ese límite temporal se pondrá a disposición del juzgado en pocos días. "La juez y la Junta estamos montados en el mismo barco y, por lo tanto, no tengo la menor desconfianza hacia el juzgado", ha sentenciado Moreno tras ser preguntada sobre si cree que la juez ha abierto una "causa general" contra la Junta.

"De los 57 documentos solicitados en el auto, queremos remitir al juzgado 57", ha sentenciado la consejera, quien ha insistido en que se quiere sustituir la remisión de todas las actas del Consejo de Gobierno por "certificados de acuerdos o informes concretos", incluidos, si la juez lo solicita, informes de "naturaleza política" y que estén relacionados con el caso.

De otro lado, Mar Moreno ha querido dejar claro que puede haber uno, cinco o siete informes de la Intervención General en relación con el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales, pero que ninguno "detectó un fraude como el que se estaba cometiendo".