El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años que le ha reclamado en un auto la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, por considerar que se trata de un requerimiento "indiscriminado" que "vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma", que acredita su carácter "reservado".

Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que la Junta ha acordado ofrecer a la magistrada "vías alternativas" para conocer "idéntica información" a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos" adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el contenido íntegro de las actas, lo que permitiría no vulnerar la Ley del Gobierno.

Tras señalar que esta solicitud de la magistrada es "inédita en el orden constitucional español", Moreno ha indicado que, "en el caso improbable de que el Juzgado no acepte estas vías alternativas", la Junta formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, "en defensa de las potestades del Gobierno andaluz" por considerar que la juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".

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