El sindicato CSIF-A asegura que la Junta tiene la intención de promover expedientes de regulación de empleo (ERES) entre el personal laboral de la Administración General.

Fuentes de CSIF-A han explicado a Europa Press que han tenido conocimiento, a través de afiliados a su sindicato que se encuentran cercanos a la zona sensible de recursos humanos de varias consejerías, de la intención de la Junta de Andalucía de promover ERE entre el personal laboral.

CSIF ha afirmado que "en los últimos días se están sucediendo consultas por parte de miembros de sindicatos representados mayoritariamente en los comités de empresa en relación a quiénes y cuántos son los trabajadores de más de 55 años que prestan sus servicios en las diferentes consejerías, organismos autónomos y delegaciones provinciales, alegándose que estos datos servirían para su inclusión en posibles tramitaciones de jubilaciones anticipadas".

Por ello, este sindicato solicita "urgentemente" a la Junta que "confirme o desmienta estas intenciones y que se reafirme en sus declaraciones cuando inició la política de reordenación, en el sentido de que ningún puesto de trabajo se iba a ver en peligro".

CSIF recordó que ya el pasado mes de julio, con anterioridad a los decretos ley 5 y 6 de 2010 y la posterior Ley 1/2011 de reordenación del sector público, este sindicato "anticipó esta posibilidad y advirtió que los derechos y condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta se verían seriamente perjudicados", pero agregó entonces que "entendía que era entre el personal laboral donde se cernirían los peores augurios pues al no gozar de la inamovilidad en sus puestos de trabajo, se trataba de la parte más débil del empleo público".

Asimismo, el sindicato "ha apuntado en numerosas ocasiones su temor a que con la integración en la Junta de 20.000 trabajadores contratados procedentes de empresas públicas, fundaciones y consorcios, y el correspondiente personal directivo de estos entes con sus cuantiosos sueldos, la prestación de los servicios públicos se haría prácticamente insostenible para las arcas públicas, pues es difícilmente asumible el pasar de golpe de 50.000 a 70.000 sueldos".

Al mismo tiempo, asegura que ha reivindicado "continuamente" que esa integración de personal externo "no se hiciera a costa de la desmantelación de las actuales plantillas de puestos del personal funcionario y personal laboral de Administración General".

A juicio, de CSIF "es incongruente que se ofrezcan sólo 750 plazas en la oferta de empleo público de 2010 —500 de acceso libre y 250 de promoción interna—, lo que da una idea del escaso margen de crecimiento de empleo público en la Administración General y donde se anula prácticamente la reposición de efectivos justificada en la necesidad de reducir el déficit público y, paralelamente, integrar 20.000 plazas ya ocupadas por personal hasta ahora externo".

Para este sindicato, "está clara la apuesta de la Junta sobre quién es el personal que sobra en este escenario de crisis, esto es, el personal laboral que en su día sí accedió a su empleo con todas las garantías que la Ley exige".

Por último, CSIF lamenta que el personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta "ha sido el único que ha visto minoradas sus retribuciones en una media de un cinco por ciento mediante decretazos —estatal y autonómico— desde junio de 2010, algo que no sucedió con los sueldos del personal de estos entes instrumentales que se integrarán en fechas próximas, una vez publicados los estatutos de las diversas agencias públicas creadas con la Ley de reordenación".