Trabajadores imputados en el caso sobre supuestas irregularidades en la venta de entradas y control de accesos de la Alhambra se han concentrado este lunes a la entrada del monumento para pedir celeridad en la instrucción que lleva el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que se prolonga ya por casi seis años.

Según ha asegurado el secretario general del sindicato Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Granada, Francisco Parra, los 40 empleados imputados tienen "totalmente prohibido" el control de acceso al monumento, con lo que no pueden rotar por diferentes puestos con sus compañeros especializados en control e información, que a su vez están también siendo perjudicados. Por ello, CCOO pide "dignidad" para los trabajadores que están siendo "marginados" por su imputación.

Desde el sindicato piden la celebración ya del juicio para que se restituyan los derechos de los trabajadores, imputados "injustamente". "Algunos ya han fallecido y otros se han jubilado a la espera de que se haga justicia", ha advertido el presidente del comité de empresa, Elías Berbel.

El sindicato ha recordado que los informes de los expertos sobre el control de las entradas concluyeron que las irregularidades no se derivaron de un fraude cometido por los trabajadores sino "de un fallo de la dirección" del recinto nazarí.

En el caso están imputados alrededor de medio centenar de personas, la mayoría trabajadores de la Alhambra por un supuesto fraude en el control y acceso al recinto, uno de los más visitados de España.

Ya en 2008, los sindicatos se mostraron contrarios al informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada que cifraba en 7,9 millones de euros el perjuicio económico ocasionado al Patronato de la Alhambra por este asunto entre 2002 y 2005.

Según recogía el documento, la mayor parte del quebranto económico, unos 7,1 millones de euros, habría sido cometido por los empleados y el resto por la agencia Daraxatour S.L., unos 765.400 euros, y el guía Francisco Castillo —imputado en el caso y padre de la administradora de la empresa— y la agencia Wit Travel —unos 67.380 euros— a través de una sucursal del BBVA, encargada de la venta anticipada de las entradas del recinto durante ese período.

El informe pericial atribuía a Daraxatour S.L una actuación "clandestina" al reservar, confirmar y cancelar entradas sin ser agencia de viajes ni un agente autorizado por el Patronato. Entre las irregularidades señaladas por el perito se encuentra la adquisición de paquetes de entradas a nombre de agentes autorizados sin su consentimiento o la facturación de paquetes de entradas cancelados.

Respecto a la agencia Wit Travel, el perito determina presuntas irregularidades como que vendió y facturó más paquetes de entradas de los confirmados en el BBVA y el Patronato, cambió el horario de visitas a los Palacios Nazaríes, vendió sin factura pax confirmados por la citada entidad bancaria y otros cuya procedencia no se ha podido justificar.

En cuanto a la actuación en las reservas y confirmaciones de paquetes de entradas en el BBVA, el perito asegura que el funcionamiento se ha llevado a cabo de una forma "anárquica e incontrolable" y supuestamente permitió la reserva de entradas a agentes que no estaban autorizados por el Patronato.

El informe también indicaba que los controladores permitían el acceso al monumento "sin entrada, con entrada usada, con entrada de otros pases horarios, con localizadores fraccionados para varios pases horarios y entradas de otros días". Añade que más de 50.000 entradas fueron sustraídas del almacén del Patronato de la Alhambra y que éstas pudieron ser utilizadas para atender la demanda de Daraxatour y otras agencias.