Izquierda Unida ha decidido presentar un escrito en la Cámara Baja proponiendo oficialmente al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y vocal del Consejo Consultivo del Principado de Asturias Francisco Bastida como candidato para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, un paso que el diputado Gaspar Llamazares espera sirva de "revulsivo" y fuerce a PSOE y PP a desbloquear la renovación del Alto Tribunal, que tienen atascada desde diciembre.

Así lo ha explicado a Europa Press el propio Llamazares, quien harto de esperar un acuerdo de los dos grupos mayoritarios ha animado al resto de las minorías a proponer también a sus candidatos para que quede claro que la única responsabilidad es de PSOE y PP.

Los dos grandes partidos mantienen encallada la negociación sobre el TC fundamentalmente por la candidatura de quien fuera portavoz del Consejo de Poder Judicial en la época de mayoría absoluta del PP, Enrique López, defendida por el PP y rechazada de plano por el PSOE al considerar que no encaja con el perfil.

Para el diputado de IU, esta situación "degrada" al Congreso y deteriora su imagen, máxime cuando tiene lugar tras el episodio que ya tuvo lugar en el Senado, donde los principales partidos también tardaron dos años en pactar los nombres de los magistrados del Constitucional que corresponde elegir a la Cámara Alta.

Otras renovaciones pendientes

Pero la falta de acuerdo entre los dos grupos mayoritarios no tiene paralizada únicamente la renovación del Tribunal Constitucional, sino que mantiene también congeladas la del Consejo de RTVE, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, así como la puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria.

Para poner en evidencia también este extremo, Llamazares va a presentar otro escrito en el Registro de la Cámara Baja proponiendo el nombre del ex director de la Unesco Federico Mayor Zaragoza para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.

El mandato de Enrique Múgica al frente de la institución finalizó el pasado 30 de junio y, puesto que el Congreso no ha elegido a su sustituto, desde esa fecha ejerce como Defensora la que hasta entonces era su primera adjunta, María Luisa Cava de Llano.