Los municipios españoles exigen que el próximo Reglamento de la Ley de Extranjería les incluya como parte activa en las decisiones sobre los procedimientos de regularización de extranjeros y en los programas de reinserción social de los inmigrantes, ya que califican sus actuales funciones en esta materia de "precarias" debido a, entre otras cosas, la "asunción progresiva de competencias por parte de las comunidades autónomas".

En concreto, las corporaciones locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reclaman al Gobierno que puedan mantener sus competencias en la realización de informes de arraigo y sobre habitabilidad de viviendas.

Así se lo ha expuesto la FEMP a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración al considerar que "la asunción progresiva de competencias sobre inmigración por parte de las comunidades autónomas han sido llevadas a cabo en gran parte por los ayuntamientos, especialmente en asistencia social".

En este sentido, los municipios consideran que las últimas reformas legales en lo que respecta a extranjería "han restado a las corporaciones locales capacidad de gestión del fenómeno migratorio, al reducir su participación en la toma de decisiones en los procedimientos de regularización y en los programas de integración social".

"interferencias" de otras administraciones

Esta "escasa autonomía municipal" se ha incrementado, en opinión de la FEMP, debido a la "interferencia de las políticas supramunicipales que condicionan, quizá en exceso, el escenario de la administración local".

Respecto a la habitabilidad para la reagrupación familiar, las corporaciones locales creen que la ampliación de esta competencia a las comunidades autónomas refleja la "precariedad de las funciones del municipio en materia migratoria", mientras que en materia de arraigo, critican que el anteproyecto de Reglamento de Extranjería les otorgue un papel "secundario" y quieren que la competencia vuelva a ser exclusiva de los municipios.

Así pues, piden que los gobiernos locales vuelvan a adquirir su "papel primordial en la gestión de la diversidad cultural" y que mantengan las competencias en la realización de informes de habitabilidad de viviendas a los efectos de reagrupación familiar para la acreditación del grado de inserción y en materia de servicios sociales.