En la demanda, los autores le reclaman el pago  de los honorarios atrasadoa, que suman unos 30.000 euros, e indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ella se dirigen contra el cabildo de Granada, que encargó la obra, y sus dos órganos de gobierno: el actual arzobispo, que paralizó la publicación, y su presidente, el deán Sebastián Sánchez Maldonado. Francisco Javier Martínez se enfrenta también a una querella interpuesta por el ex archivero de la catedral, que lo acusa de injuriarle.