El alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla), Antonio Casimiro Gavira (PSOE), ha declarado este viernes como imputado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Carmona. Dicha instancia judicial ha reabierto las diligencias relativas a la denuncia promovida por el PP ante la Fiscalía en cuanto a 36 contrataciones de personal laboral consumadas por el Gobierno socialista de Mairena del Alcor supuestamente al margen de los procedimientos públicos, "sin examen y sin proceso selectivo", lo que a juicio de los populares constituye un fraude de Ley.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Santiago Navarro, el segundo teniente de alcalde, Antonio Soria, y el actual concejal de Parques y Jardines, Medio Ambiente, Agricultura y Seguridad Ciudadana, Antonio Sosa Ortega, figuran también como imputados en estas diligencias.

El PP había elevado a la Fiscalía un total de 36 contrataciones de personal laboral consumadas por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor de forma "ilegal, a dedo, sin examen, sin proceso selectivo, sin publicación, en fraude de Ley" o con relación al organigrama o las candidaturas socialistas en las elecciones municipales, además de tratarse de personas ligadas por parentesco a miembros del Gobierno municipal hasta tal punto que la Vicesecretaría General del propio Consistorio habría reconocido la "irregularidad" de estas contrataciones.

La denuncia

Según la denuncia entregada en 2009 en la Fiscalía y recogida por Europa Press, en estas contrataciones figuran casos como el de Israel G.C., contratado por decreto de Alcaldía en 2000 previa oferta en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) "no realizándose convocatoria pública, ni publicación ni prueba que lo acreditara", o el de Diego J.S., contratado por el Ayuntamiento como auxiliar administrativo en 1999 y luego como técnico medio en base a "simples informes de contratación, sin seguirse un proceso de selección adecuado y siendo la causa real su pertenencia al PSOE", porque "no existió oferta pública ni exámenes".

Pilar M.S., protagonista de otro de las contrataciones denunciadas por el PP a la Fiscalía, accedió al Ayuntamiento en 2005 como Técnico de Recursos Humanos "sin haber realizado examen alguno", porque la creación del puesto de empleo no fue sometida a "convocatoria o publicación" alguna, dándose la circunstancia de que ella es "amiga íntima" del concejal de Recursos Humanos.

Javier D.G., igualmente, habría sido contratado "a dedo" también en 2005 como primo de la concejal socialista María Luisa García, mientras Gema O.G., sobrina de otro concejal socialista, ejerce como registradora en el Ayuntamiento "sin mediar proceso de selección objetivo". Figuran además en estas contrataciones casos como los de Purificación M.O., en la escuela taller, Marta María G.G. en la Casa de la Cultura o David J.P. como secretario particular del alcalde, porque en todos estos casos se trataría de militantes socialistas que figuraban en las candidaturas del PSOE.

Informe de la vicesecretaría

En resumen, 36 contrataciones supuestamente irregulares en las que el PP advierte de que incluso la Vicesecretaría General del Ayuntamiento habría reconocido la ilegalidad de tales relaciones contractuales mediante un informe emitido el 23 de enero de 2009 e incluido en esta denuncia, porque "en su mayoría" se trata de contrataciones en fraude de Ley. Así, el PP detectaba la posible vulneración de la legislación laboral, la legislación de la función pública, de los principios de acceso a la función pública y de principios constitucionales, lo que se traduciría en delitos recogidos por el Código Penal.

El alcalde declara y alude a los funcionarios

Según el acta de declaración protagonizada por Gavira Moreno este viernes y recogida por Europa Press, el alcalde ha señalado ante el juez que se "limita a firmar los contratos del decreto de aprobación del gasto que le llevan a la mesa", pues "presume que los expedientes han seguido el procedimiento legalmente establecido", sobre todo porque cada mes firma "un gran número de contratos laborales siguiendo el mismo procedimiento". Así, y al margen de su firma, ha defendido que "no ha tenido participación" en los procesos de selección ni ha "ordenado" las contrataciones investigadas.

Y es que el alcalde ha considerado que "la práctica más habitual consiste en acudir al Servicio Andaluz de Salud (SAE) para la selección de trabajadores en régimen laboral, toda vez que asegura desconocer "si en algunos supuestos concretamente se contrató directamente a los trabajadores con ausencia del procedimiento legal de selección". De cualquier manera, ha indicado que "en ninguno de los expedientes de contratación figuraba ningún informe del secretario o interventor manifestando que no se cumplían los procedimientos regulados".

"En cada departamento o delegación existe un responsable de personal, funcionario de carrera, que designa el método o la forma de cada una de las contrataciones", figura en el acta en cuanto a los argumentos esgrimidos por Antonio Casimiro Gavira.