La ministra de Trabajo y Economía Social ha dejado claro cuál va a ser su próximo objetivo, reducir la jornada laboral máxima en los términos en los que se recogió en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE. La vicepresidenta segunda tiene previsto convocar a los agentes sociales esta próxima semana para dar un empujón a la negociación que lleva abierta cerca de medio año, con el objetivo de alcanzar un pacto antes del verano. La meta es fijar el límite en las 38,5 horas semanales en 2024 para después rebajarlo hasta las 37,5 de cara al próximo y hacerlo con la garantía de un acuerdo respaldado por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.
Sin embargo, este último punto parece complicado tras una semana en la que tanto los sindicatos como la patronal ha cargado contra las 'sorpresas' que se han encontrado en el real decreto-ley aprobado el pasado martes. El texto que reformaba las prestaciones por desempleo fue negociado durante meses, pero los agentes sociales no tenían constancia de que se iba a introducir la prevalencia de los convenios autonómicos -si son más favorables que el resto- ni que se iba a modificar la representación en el Consejo Económico y Social para favorecer a los empresarios catalanes.
Este cambio no ha gustado a los representantes de las empresas, tampoco a los de los trabajadores, como admiten en público y en privado, ya que consideran que Trabajo se ha saltado el artículo 7 de la Constitución al modificar el Estatuto de los Trabajadores sin consultar a los interesados. Si bien desde los sindicatos se aboga por separar las diferentes mesas de negociación abiertas y se quiere evitar que esta cuestión pueda echar por tierra un acuerdo sobre los protocolos LGTBI, la jornada laboral en el entorno empresarial impera la idea de no conceder una fotografía a tres, menos aún en un escenario marcado por otra campaña electoral.
Los planes del Gobierno pasan por convocar a los diferentes actores el próximo 31 de mayo en la sede del Ministerio de Trabajo, con el fin de seguir cómo ha evolucionado el diálogo bipartito que los sindicatos y la patronal abrieron en el mes de enero. Las dos partes se han mantenido discretas sobre cuáles han sido los temas tratados y las posiciones que cada uno de ellos han expresado en la mesa, pero en las últimas semanas los dirigentes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han advertido de un cierto estancamiento de la conversación y han apremiado a cerrar la cuestión antes del verano, como ahora también hace la ministra.
Los sindicatos están a favor de aplicar esta reducción de jornada y que se haga a través de una ley para alcanzar también a los trabajadores que dependen de convenios en los que esta conversación está estancada. Sin embargo, desde CEOE y Cepyme consideran que es más oportuno abordar esta conversación en cada uno de los sectores, para tener en cuenta las características de esos empleos y el impacto que una reducción de este tipo podría tener en ellos. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advertía hace apenas un mes de que esta reducción "conllevaría riesgos para el crecimiento del empleo" aunque el organismo no ha emitido aún ningún estudio en profundidad sobre esta materia.
La disminución de la jornada de trabajo sin que se produzca un recorte en el salario percibido por esta, supone un aumento de la remuneración que seguiría al incremento del salario mínimo (SMI) aprobado a comienzos de año y que tampoco tuvo el respaldo de los empresarios. No obstante, esta no es la principal cuestión que les aleja de un acuerdo, según ha podido saber este medio, la negociación estaría atascada en el control horario. Díaz quiere modificar la norma aprobada en 2019 que planteó un sistema que considera obsoleto, para controlar que los trabajadores desempeñan la jornada para la que fueron contratados y se registran las horas extra.
La intención del Ministerio de Trabajo es que el registro se haga de forma digital, en primer lugar para evitar que se altere ante una inspección del organismo público y en segundo, para que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto al control horario de las empresas con 50 trabajadores. Para esta tarea, se quiere hacer usos de algoritmos y de la inteligencia artificial que podrían alertar ante una sospecha de infracción, algo que los sindicatos sospechan que no será suficiente si no se lleva a cabo un refuerzo paralelo de la plantilla pública.
En cambio, desde la patronal se entiende que esta forma de control no se adapta a las nuevas formas de organización de trabajo y tampoco es capaz de responder a actividades basadas en el desarrollo de objetivos en lugar de una jornada determinada. Es por ello que se espera que la propuesta que pueda presentar el Gobierno en la reunión del próximo viernes pueda desatascar las conversaciones y lleve a los empresarios a ubicarse dentro o fuera del eventual acuerdo, ya que el margen de negociación sobre la jornada laboral en sentido estricto parece reducido y el control horario aspira a ser el punto determinante del resultado final.
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