El pleno del Ayuntamiento de Calahorra ha acuerdado, en su sesión de anoche, y por unanimidad, una propuesta conjunta de todos los grupos municipales destinada a poner en marcha un protocolo de ayudas municipales para el pago, del Impuesto de Plusvalía en los casos de deudores hipotecarios sin recursos.

La concejala del PSOE Cristina Cabañas dijo que "se trata de una cuestión de justicia para que quienes pierden su vivienda por no poder pagarla, no tengan encima que abonar el Impuesto de Plusvalías", que grava el incremento del precio de las propiedades inmobiliarias que obtiene quien vende o transfiere una finca.

La edil señaló también que," al no poder pagar este impuesto, las personas en graves apuros se convierten en morosos de la administración, perdiendo así el derecho a obtener ayudas económicas oficiales". Añadió que "el foco mediático ya no está sobre estos casos, pero siguen existiendo, no en vano en 2013 se registraron en España 35.098 lanzamientos (desahucios por vía judicial)".

También mostró su creencia el representante de UPyD, David Antoñanzas, que este caso afecta a más personas de lo que parece. Por su parte la concejala del PR, Margarita Aldama, mostró su apoyo a la moción y pidió a la responsable de Hacienda alguna cifra sobre los lanzamientos realizados en Calahorra y sus plusvalías.

A esta propuesta respondió la interpelada, Lucía Herce, que indicó que en esta ciudad hubo de 11 a 13 casos de desahucio en 2013, con un montante de 25.000 euros. Herce explicó la imposibilidad legal de bonificar un impuesto, pero prometió tomar medidas por la vía de las Ayudas de Emergencia Social y trabajar en este asunto por el bien de los ciudadanos.

No obstante, el alcalde intervino para precisar que en la adopción del acuerdo debía especificarse que el protocolo de ayudas beneficiará a las personas que realmente lo necesiten y no a todos los desahuciados, pues la casuística es variada y no todos los lanzamientos se producen por falta de recursos económicos.

Moción contra la reapertura de la nuclear de garoña.

En el pleno, por otro lado, fue rechazada la propuesta presentada por el PR para que el Ayuntamiento de Calahorra se posicione en contra de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Margarita Aldama explicó que "esta central va a ser reabierta después de su clausura tras cumplirse su periodo de vida útil y su amortización" y argumentó que "la reapertura no está justificada y que estando a 160 kilómetros aguas arriba del Ebro, por razones de seguridad el PP de Calahorra debe oponerse igual que lo ha hecho el Ayuntamiento de Haro, también gobernado por el PP".

El PSOE consideró que Aldama "tiene razón", tanto es así que coincidió con el PR en querer llevar al pleno una moción contra la reapertura de la central y cedió a los regionalistas su presentación. Para los socialistas, "la central está obsoleta, ya está amortizada, no es necesaria al haber disminuido la demanda de electricidad en España que además tiene potencia instalada de sobra".

"Lleva un año fuera de funcionamiento y es la primera vez que el Gobierno nacional abre la puerta a una reactivación", dijo el PSOE que añadió que "ante un accidente leve es muy improbable que Calahorra se viera afectada; no así ante un accidente grave".

El concejal de UPyD intervino para rechazar que se dé por segura la reapertura de la central, toda vez que la empresa propietaria no lo ha solicitado aún de forma oficial. Además sugirió que las condiciones de seguridad exigidas por la normativa europea hacen económicamente inviable una nueva puesta en servicio. También comentó que este es un asunto compete exclusivamente al Consejo de Seguridad Nuclear.

Este último argumento fue también el manejado por el PP para rechazar la moción del PR, que terminó siendo rechazada con los votos en contra de los concejales del PP, la abstención de UPyD y el voto favorable de PR y PSOE.