La Audiencia de Valencia juzga desde este miércoles a un guardia civil, a un ex policía local y otras seis personas más por introducir, en julio de 2005, un total de 300 kilogramos de cocaína procedentes de Panamá a través del puerto de Valencia y dentro de dos contenedores que contenían chatarra.

La Fiscalía de Valencia pide para los acusados penas de prisión que oscilan entre los cuatro y 14 años por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Así mismo, reclama para seis acusados una multa de 20 millones de euros; para el guardia civil otros 10 millones de euros —se enfrenta a 12 años de cárcel—; y para otro procesado 120.000 euros.

Los ocho acusados, seis hombres y dos mujeres —cinco de ellos de nacionalidad española, uno brasileña y otros dos colombiana—, han comenzado este miércoles a declarar en el juicio que se ha iniciado contra ellos en la sección quinta de la Audiencia de Valencia.

El ministerio público explica en su escrito de acusación que los seis primeros procesados, "actuando de común acuerdo", organizaron y planificaron la entrada en territorio nacional de 300 kilos de cocaína, a través del Puerto de Valencia, bajo la cobertura de empresas mercantiles, con distintas funciones entre los acusados.

Asimismo, señala que "sirviéndose de la cobertura de apariencia de legalidad en el tráfico mercantil de las empresas", importaron una partida total de 400 toneladas de chatarra procedente de Panamá. Este material, precisado, fue cargado en tres buques distintos que llegaron al puerto valenciano, con diferentes contenedores, el 5, el 9 y el 26 de julio de 2005.

El fiscal da por hecho también que dos de seis primeros acusados, Exposorio P. y Antonio B., "teniendo y usando también la apariencia de una empresa en su condición de administradores de la mercantil Pabell Trans SL, con sede en Massamagrell, hicieron gestiones para la recogida de los contenedores en el Puerto de Valencia" y su traslado a una nave industrial en un polígono de Tarragona. En este emplazamiento se ubicaba la mercantil utilizada como importadora de los contenedores procedentes de Panamá y la que se usaba por los acusados para el despacho aduanero.

El ministerio público precisa en su escrito que otros dos acusados de este grupo —uno ex policía local y el otro camionero— realizaban distintas funciones como las de conducción, apoyo y contravigilancia para la seguridad, descarga y transporte de los contenedores, "sabiendo que en uno de ellos estaba la cocaína", así como funciones de apoyo y para la descarga en Valencia.

Igualmente, apunta que los dos últimos procesados mantenían contactos con Exposorio P. "para obtener financiación de ambos y destinarla a la compra de medios de la empresa con la finalidad última de traer la cocaína a territorio nacional", y que "realizaban funciones de dirección y control de la operación de introducción de la cocaína" en España.

El guardia civil

Por lo que respecta a los otros dos procesados, el fiscal señala que uno de ellos, el que era guardia civil, utilizaba su cargo para, en lugar de suministrar información a sus superiores jerárquicos, ayudar a Exposorio P. con datos sobre la investigación y la intervención de la droga. La otra persona acusada, afirma, recibía dinero de Exposorio P. y hacía envíos a Brasil.

El ministerio público determina en su calificación que la empresa Pabell Trans S.L. se constituyó por parte de este último acusado y de Antonio B. "con la doble finalidad de operar en el recinto portuario y poder loxalizar y extraer contenedores en cuyo interior había cocaína".

En el juicio iniciado este miércoles Antonio B. —Exposorio P. no ha asistido— ha asegurado en varias ocasiones, en respuesta a las preguntas de la fiscal y de las defensas, que había diferentes cuestiones —como que Exposorio P. le dijera en una ocasión "en esos dos está la salvación chaval"— que no recordaba porque hace nueve años de los hechos que se le imputan. Ha confesado también estar "nervioso" y ha dicho que su trabajo era el propio de un responsable de logística en una empresa de transporte.

Asimismo, preguntado por algunas expresiones escuchadas en conversaciones telefónicas entre los acusados ha explicado que se trata de "un argot de trabajo" en el mundo del transporte y que por ello podía utilizar frases como "al ataque, que igual este mes fumamos todos", "está todo el pescado vendido" o "están todos los huevos en el gallinero".

Por otro lado, a preguntas del presidente de la sala sobre el transporte que realizaban la citada empresa, ha señalado que llevaba a cabo los viajes que otra mercantil del sector le encargaba y que no elegían ellos la mercancía.