Valencia se une a la rebelión de alcaldes y concejales del PP contra el repago en los servicios relacionados con la discapacidad y la dependencia. El Ayuntamiento presidido por Rita Barberá solicitará al Gobierno valenciano, también del PP, la revisión del decreto que establece el régimen y las cuantías de los precios públicos en el ámbito de los servicios sociales, conocidos como repago.

De este modo, el Consistorio pretende que se garantice que esta norma se ajuste "a los criterios mínimos y comunes que establece el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 10 de julio de 2012, en las condiciones más favorables para las personas con discapacidad".

Esta petición de la revisión se ha aprobado por unanimidad, con los votos del PP, al frente del equipo municipal de Gobierno, y de los tres grupos de la oposición PSPV, Compromís y Esquerra Unida (EU), en el pleno ordinario del mes de enero celebrado este viernes a partir de una moción alternativa planteada por la concejala de Bienestar Social, Ana Albert, a la moción presentada por el PSPV para reclamar a la Generalitat "la inmediata derogación" del citado decreto. Ediles del PP de otros municipios se han adherido en los últimos días a mociones de los grupos de la oposición contra este decreto del Consell.

Asimismo, el Consistorio de la capital valenciana ha acordado, como ha anunciado Albert al presentar la propuesta alternativa, "seguir prestando los mismos servicios en los centros ocupacionales municipales sin aportación económica alguna de los usuarios, manteniendo las actuales condiciones en los demás centros municipales destinados a las personas con discapacidad".

El vicepresidente del Consell, José Císcar, también del PP, ha replicado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano que la titular de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, está “revisando” la aplicación de este sistema tras las numerosas quejas de los centros y de los afectados. En su opinión, el repago busca que se contribuya al sistema en función de la renta, algo que considera “más justo”.