Sólo dos días después de que UM presentase su Proposición de Ley del Suelo, que ya cuenta con el apoyo del PP para aceptar en el pleno su toma en consideración, el conseller de Movilidad y Medio Ambiente, Gabriel Vicens, remarcó que "no es el momento" de presentar una normativa "desde el punto de vista de un partido político" y aclaró que el proyecto presentado hoy estaba en el orden del día para ser abordado en el Consell de Govern desde el pasado lunes.

Vicens indicó, en rueda de prensa, que, si la proposición registrada por UM es la de 2007, el proyecto del Govern, a pesar de que empezó a trabajar a partir de todos los anteproyectos que había y "muy especialmente" del de los 'uemitas', "tiene muchas diferencias".

Asimismo, señaló que la "diferencia básica" entre los dos proyectos es que el presentado por Josep Melià no es el resultado de "un proceso de pluralidad política". En este sentido, indicó que el del Ejecutivo balear es el desenlace tras un proceso "participativo y transparente" de más de dos años.

En cuanto a las críticas por parte del PP, que consideró "poco serio" que el Govern presentase el Proyecto de Ley sólo dos días después de que lo hiciese UM, el conseller remarcó que lo poco serio sería haber trabajado durante más de dos años y no haber presentado el resultado. Asimismo, señaló que hace unas tres o cuatro semanas se presentó el texto al partido regionalista, ya que formó parte del grupo que participó en su elaboración.

Mayor protección en suelo rústico

El conseller explicó que el Proyecto de Ley unifica toda la normativa existente y detalló algunos aspectos como una mayor protección para el suelo rústico o los nuevos parámetros para las edificaciones, de manera que éstas tendrán que ser más integradas y respetuosas con el paisaje.

Así, a partir de la aplicación de la futura ley, una vivienda no podrá superar el 2 por ciento de la parcela, ni podrá ocupar en ésta más del 3 por ciento. Además, se reduce la altura máxima de todos los edificios, de ocho a siete metros y el volumen máximo, pasa de 1.500m3 a 1.300m3, según la dimensión de la parcela. La nueva normativa también prohibirá construir en pendientes superiores al 15 por ciento.

Por otro lado, regula las Áreas de Reconversión Territorial (ART) para que realmente sean "racionales" y respondan a su objetivo evitando así que se conviertan en una fórmula de aprovechamiento del suelo con fines económicos, y establece que el 30 por ciento del suelo urbano o urbanizable deberá ser destinado a vivienda de protección pública.

Entre las principales novedades de la nueva Ley, destaca la ampliación de la responsabilidad de las infracciones urbanísticas, de forma que ya no sólo serán responsables los promotores y los constructores de las obras, sino también los titulares, directores y explotadores de establecimientos, los técnicos titulares, el director de las obras y de las instalaciones, los notarios y registradores de la propiedad, los titulares y los miembros de los órganos administrativos, así como los funcionarios públicos en función de sus competencias.

Además, la Ley también restringe el concepto de suelo urbano para evitar la creación de falsos urbanos en las islas o que suelos rústicos pasen directamente a urbanos sin la transformación que debería ser normal y preceptiva.

En cuanto a las infracciones si se comete una ilegalidad urbanística, la normativa establece que en caso de que el responsable la solucione por sí mismo para adaptarla a la legalidad en los plazos que dispone la resolución del expediente, se reducirá en un 80 por ciento la multa impuesta en el procedimiento sancionador. Asimismo, esta reducción sería del 95 por ciento si la reposición se hiciera de manera voluntaria antes de la resolución definitiva del procedimiento sancionador.

Respecto a las ART, la Ley permitirá que éstas sean racionales, de manera que la normativa las regulará y, luego, serán los propios Consells Insulares los que harán su propia reglamentación.

La iniciativa aprobada hoy respeta prácticamente el anteproyecto planteado por Vicens, a excepción de la introducción de algunas modificaciones técnicas, a petición de diferentes entidades y organismos afectados por la normativa con los que el Ejecutivo ha mantenido reuniones durante los últimos meses, entre ellos, los Consells Insulares, los Ayuntamientos, arquitectos, sectores profesionales y entidades agrarias y ecologistas.