UGT-A advierte de que el recurso del Gobierno contra la 'ley antidesahucios' provocará el encarecimiento de viviendas

UGT-A lamenta los efectos que tendrá el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley andaluza de función social de la vivienda y la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC), a petición del presidente del Gobierno, de esta ley andaluza para las familias en riesgo de desahucio, de forma que el sindicato estima que el recurso del Gobierno "provocará, entre otras muchas cosas, el encarecimiento del acceso a la vivienda que dicha ley pretendía abaratar mediante la salida en alquiler asequible de las más de 700.00' viviendas vacías existentes".

UGT-A lamenta los efectos que tendrá el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley andaluza de función social de la vivienda y la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC), a petición del presidente del Gobierno, de esta ley andaluza para las familias en riesgo de desahucio, de forma que el sindicato estima que el recurso del Gobierno "provocará, entre otras muchas cosas, el encarecimiento del acceso a la vivienda que dicha ley pretendía abaratar mediante la salida en alquiler asequible de las más de 700.00' viviendas vacías existentes".

En una nota, el sindicato considera que el recurso del Gobierno "no sólo afecta a las más de 200 familias que han pedido acogerse a la ley, sino a todas las personas en proceso de desahucio en Andalucía".

Ha explicado que la ley "conseguía disuadir a los bancos de iniciar los procesos de desahucios, ya que estos se exponían a sanciones por la expropiación o bien por tener la vivienda vacía tras la expropiación".

Para UGT-A, esta ley "es muy necesaria, pues tiene como finalidad paliar el desequilibrio existente en la normativa relativa a desahucios en nuestro país, una normativa nacional que es la responsable diaria de situaciones dramáticas para la ciudadanía que, debido sobre todo a la falta de empleo, pierde su vivienda, siendo esto un derecho ciudadano constitucional".

De esta forma, ha recordado que, tal y como pidió Mariano Rajoy, la aplicación de la ley queda en suspenso, en principio, durante cinco meses. Antes de ese plazo, el tribunal podrá prorrogar la suspensión, levantarla o decidir sobre el fondo del asunto.

La Junta ya ha anunciado que está preparando un escrito para que no se agote el plazo de cinco meses y se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos. El Constitucional ha dado traslado al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Parlamento de Andalucía para que, en un plazo de 15 días, se personen y presenten alegaciones.

UGT-A ha destacado la "insensibilidad manifiesta" del Gobierno central ante el "drama" de los desahucios, ya que con la suspensión de esta medida "no se podrá aplicar una respuesta urgente a las familias andaluzas que peor lo pasan con la crisis".

"Esta medida del PP sólo provoca que no se le pueda dar una solución inmediata al drama social de los desahucios, por lo que exigimos al PP que reflexione y no tome decisiones en contra de la ciudadanía que más lo necesita", asevera el sindicato.

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