Así lo anunció en Salamanca el portavoz del grupo, Carlos Fernández Carriedo, quien, acompañado por el alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote, y los procuradores María Jesús Moro y Jesús Encabo, explicó que se presentará esta medida con "cierta urgencia por el conocimiento de la posibilidad inmediata de que se consume una nueva salida de papeles del Archivo". En la propuesta se pedirá al Ejecutivo que "proceda a la restitución de los documentos que expolió del Archivo General de la Guerra Civil y que posteriormente entregó a la Generalidad de Cataluña, para reparar la unidad rota del mencionado Archivo".

También, ante las denuncias presentadas por la Junta y el Ayuntamiento de Salamanca, se instará al Gobierno a que "paralice cualquier traslado de documentos del Archivo previsto por el Ministerio de Cultura o el Patronato, en tanto en cuanto no recaiga resolución sobre el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional", según recoge el documento. En este sentido, "sería ilógico que el Tribunal nos diese la razón y hubiera que traer de nuevo los documentos a Salamanca", aseveró el portavoz del Grupo Popular.

Igualmente, los populares de Castilla y León incluyeron en la medida, que se presentará en el pleno regional, un punto en el que se insta al Ejecutivo nacional a que "cumpla de inmediato" con el resto de puntos de la Ley de la Memoria. Respecto a esta reclamación, Fernández Carriedo recordó que en noviembre de 2006 se cumplió el plazo para entrar en funcionamiento las nuevas sedes del Centro de la Memoria propuestas por el Gobierno y que todavía no se ha iniciado sus edificaciones. Por este motivo, resaltó que "los socialistas han cumplido lo negativo muy rápido, con carácter inmediato sacaron los papeles, pero de lo positivo, nada".Por su parte,