Representantes de las tres asociaciones de abogado del turno de oficio de las provincias de Huelva, Córdoba y Granada han mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, al que le han expuesto "la problemática" del turno ante "los impagos" por parte de la Junta de Andalucía y "el peligro" que corre este sistema gratuito, aunque han dejado claro que esta sería la última opción.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de la Asociación del Turno de Oficio (ATO) en Huelva, Ángel Llamas, ha indicado que Chamizo les aseguró en el encuentro que desde la oficina del defensor la primera actuación pasaría por solicitar tanto a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía como al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) informes relativos a la deuda real acumulada y a la forma de pago convenida, para una vez dibujado el panorama buscar soluciones y principios de acuerdo.

De igual modo, el defensor ha abierto un expediente con las reclamaciones conjuntas que han realizado las tres asociaciones, el cual será acumulada a aquellas otras que de forma personal han planteado otros letrados, y las que se vayan uniendo.

Las reclamaciones de las asociaciones se basan principalmente en "los importantes retrasos" en el pago de los servicios de asistencia legal gratuita que se presta en virtud de convenios entre los colegios de abogados y la Junta de Andalucía y la suspensión del Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria.

Respecto a este último servicio, Chamizo, según ha asegurado el secretario de ATO, se ha mostrado "muy preocupado porque parece que la situación no tiene visos a mejorar".

Concretamente, desde ATO Huelva se le ha explicado al Defensor del Pueblo que, según la secretaría técnica del Colegio de Abogados de Huelva, solo en Huelva se adeuda a los más de 400 abogados del turno por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía "más de 1,5 millones de euros correspondiente a los tres primeros trimestres de 2012", y que estas cantidades no solo sirven para pagar a los abogados sino al propio Colegio de Abogados, cantidades que necesita para sufragar los gastos del servicio y que de no recibirlas no podría prestar.

Desde esta asociación se viene advirtiendo reiteradamente del "peligro" que corre el sistema de justicia gratuita y de la posibilidad de suspender su servicio, indicando además que "las últimas noticias que anuncian la suspensión del servicio" por parte de los Colegios de Abogados de Córdoba y de Jerez, así como los que presumiblemente se irán produciendo, "vienen a poner de relieve que el riesgo era real y que, en caso de no paliarse inmediatamente, afectará igualmente a la provincia y a toda Andalucía, con el irreparable perjuicio a personas, bienes jurídicos y derechos".