El PP-A defenderá el próximo jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que pide que la Cámara muestre su apoyo al nuevo acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos e inste al Consejo de Gobierno a apoyar y respaldar todas las actuaciones necesarias ante el Parlamento europeo para que culminen en dicha Cámara de forma positiva con la ratificación de este buen acuerdo para el sector pesquero andaluz.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A recuerda que el pasado 24 de julio finalizaba la negociación del nuevo acuerdo de pesca entre la UE y el Reino de Marruecos, lo que permitirá a la flota comunitaria, principalmente andaluza, regresar a los caladeros que gestiona el Gobierno de Marruecos, cerrados hace casi dos años, con la consecuente pérdida para el sector pesquero andaluz.

Según los 'populares', el nuevo acuerdo dará posibilidades de pesca a 126 barcos europeos, de los cuales cien son españoles, y entre los que se encuentran 44 andaluces, con aproximadamente unos quinientos noventa tripulantes de Andalucía, además de unos mil setecientos empleos en tierra.

En su opinión, el convenio de pesca se consigue tras nueve meses de intensas negociaciones y tras cinco rondas bilaterales entre UE y Marruecos, donde el sector pesquero andaluz y la Junta de Andalucía han estado apoyando al Gobierno "en todo momento", lográndose con respecto al anterior convenio mejoras en las condiciones técnicas, con mayor número de licencias y ampliaciones de las zonas de pesca.

El Grupo Popular considera que se trata de una "acuerdo bueno" para España y para Andalucía, que respeta las condiciones solicitadas por nuestro sector y el derecho internacional. "La contrapartida financiera es equilibrada y aceptada por el propio sector pesquero por las mejoras en las condiciones técnicas", añade.

Finalmente, destaca que queda pendiente por parte de la Unión Europea, para la entrada en vigor, su firma y ratificación por el Consejo de Ministros y el Parlamento de la Unión Europea. Según asegura, es en el Parlamento europeo donde el Gobierno de la nación centra sus actuaciones para que finalmente el protocolo entre en vigor, "por lo que es necesaria la unidad institucional ante las gestiones de carácter general".