El PSOE de Granada pedirá este miércoles el apoyo del Parlamento andaluz a la causa abierta por el Juzgado número 1 de Buenos Aires sobre los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Así lo ha anunciado en Granada la secretaria de Acción Social del PSOE-A y parlamentaria por Granada, Clara Aguilera, quien ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) del grupo socialista que se debatirá este miércoles en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Cámara autonómica.

"Creemos que en nuestro país sigue pendiente un debate público y profundo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los crímenes cometidos bajo la dictadura franquista", ha señalado Clara Aguilera, para destacar que la Ley de Amnistía de 1977 "trajo la reforma política y el comienzo de la democracia, pero hay cuestiones que no están resueltas y que hay que resolver". "Se hizo una transición cuidadosa, pero para que sea completa tenemos que saber dónde están las personas, víctimas de la dictadura, que lucharon por la igualdad, la libertad y la democracia", ha precisado y ha añadido que "el Estado y la sociedad tienen una deuda con ellos".

Según la parlamentaria socialista, "hay que intentar hacer justicia con aquellas personas que han muerto buscando a sus familiares, personas que padecieron el escarnio y las humillaciones públicas y que nunca se las ha resarcido y, en los casos en que se ha hecho, ha sido siempre en silencio".

Aguilera se ha referido a las conclusiones preliminares del grupo de trabajo de la ONU para las desapariciones forzosas e involuntarias, que ha considerado esencial que el estado español actúe con celeridad en materia de desapariciones forzadas.

Además, según la representante socialista, el grupo de trabajo de la ONU ha instado al Gobierno español a adoptar todas las medidas legislativas o judiciales para asegurar que estas desapariciones no fueran crímenes sujetos a amnistía y a que el Estado colaborase con aquellos procesos judiciales que sirvieran para aclarar esta situación. "Nos vinieron a decir que las desapariciones forzadas constituyen un delito continuado, por tanto no se pueden considerar prescritas por la Ley de Amnistía del 77", ha agregado.

Aguilera ha subrayado que las víctimas de desapariciones forzadas, según recoge la instrucción penal número 5 de la Audiencia Nacional, ascenderían a 114.226 en España, de las que unas 12.500 corresponderían a Granada.

La representante socialista ha lamentado que no exista ninguna causa abierta contra los crímenes del franquismo en España, probablemente, a raíz de la condena al juez Garzón, ha opinado.

Según ha explicado Aguilera, la PNL que este miércoles se debate en el Parlamento plantea que "la dictadura de Franco fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, estableció un Estado represivo sobre las cenizas de esa guerra, y persiguió sin respiro a sus oponentes".

En este sentido, ha subrayado, tal y como recoge la PNL, que "cada día se hace más evidente y necesario que, a pesar de los intentos de algunos por acallar y por enterrar todo lo concerniente a la dictadura franquista y sus consecuencias, esta parte de nuestra historia sigue necesitando de un análisis riguroso y de una serie de medidas que alivien, aunque sólo sea en parte, el sufrimiento de tantos y tantos españoles que vivieron, de manera directa o indirecta, la brutal represión del régimen de Franco".

La parlamentaria del PSOE ha destacado que el Parlamento Vasco ya ha debatido y aprobado en pleno su adhesión a la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo y ha señalado que la Cámara andaluza sería la segunda en hacerlo. También ha criticado que por segundo año consecutivo, el Gobierno del PP deje sin dotación presupuestaria la Ley de Memoria Histórica de 2007, porque, a su juicio, el Gobierno del PP pretende dejarla sin contenido.

En la PNL, el grupo socialista pide además al Parlamento andaluz que inste al Consejo de Gobierno a aprobar el Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, comprometido en el acuerdo de gobierno del PSOE e IU y apoyar y fortalecer las actuaciones de las asociaciones y colectivos relacionados con la Memoria Histórica en Andalucía.