La organización Andalucía Acoge ha valorado este viernes, con motivo del primer aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 que "excluye" a los inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria pública, la negativa de la Junta de Andalucía a aplicar esta medida del Gobierno de la Nación y ha resaltado que "se han reducido considerablemente las incidencias" registradas en centros de la comunidad por la "confusión" inicial generada por la normativa estatal.

La presidenta de Andalucía Acoge, Sylvia Koniecki, ha expresado en un comunicado su preocupación por la política "excluyente" del Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha acusado de "señalar a las personas inmigrantes como presuntos culpables de un gasto público excesivo, planteamiento fácilmente rebatible a través de distintos informes realizados incluso por órganos consultivos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social".

En este sentido, Koniecki ha mostrado su "reconocimiento" a Andalucía y el resto de comunidades autónomas —Aragón, Canarias, País Vasco, Cataluña y Asturias— "que se han negado a aplicar el RD-Ley 16/2012, demostrando que otro tipo de políticas son posibles", por lo que ha animado al resto de comunidades a "adoptar medidas similares".

No obstante, Andalucía Acoge ha señalado que, aunque Andalucía mantiene el acceso a la sanidad pública para todas las personas residentes, "el recorte de este derecho esencial a nivel nacional ha generado durante este año una gran confusión", lo que ha provocado "incidencias" en centros sanitarios andaluces, principalmente en los servicios de atención e información, que "se han reducido considerablemente cuando la Junta ha transmitido instrucciones claras a los centros".

La organización lamenta que el Gobierno del PP aprobase esta reforma hace un año "a pesar de la movilización de numerosos colectivos y entidades sociales, que mostraron su oposición a una medida que despoja a una parte de la población residente en España de un derecho esencial" y recuerda que "hace un mes se concretaron, además, las tasas que deberán pagar las personas indocumentadas para tener acceso a la sanidad pública, que fluctúan entre los 60 y los 157 euros mensuales, cantidad difícilmente asumible por la población afectada, por lo que la exclusión sanitaria se torna inevitable".