El secretario general del PSOE de Burgos, Luis Tudanca, ha acusado este miércoles al Gobierno de la nación de "ocultar" información relevante sobre la supuesta recogida ilegal de votos en la localidad burgalesa de Pradoluengo en las elecciones municipales y autonómicas de 2011.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo central ha impedido el correcto desarrollo de sus funciones de control como diputado nacional al no proporcionarle información "importante" sobre el paradero del director de la oficina de Correos de Pradoluengo, A.P.R., que había sido retirado de su cargo en la localidad y para el que la Fiscalía pide seis años de prisión por un presunto delito electoral.

Al respecto, ha explicado que Correos ha ascendido al ahora imputado al puesto de Dirección de la oficina de Correos de la avenida Eladio Perlado de la capital burgalesa, lo que a su juicio es "repugnante".

"El PP premia a los corruptos y a los supuestos delincuentes", ha aseverado Tudanca en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que "parece que el Partido Popular actúa siempre de la misma forma".

Por ello, ha pedido al Gobierno de la nación que asuma las responsabilidades por su "forma cínica" de actuar ante este caso y ha exigido el cese inmediato del imputado.

Las supuestas irregularidades se produjeron durante las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, cuando cerca de 30 ancianos de una residencia de Pradoluengo, todo ellos mayores de 80 años y algunos con importantes deterioros cognitivos, votaron por correo.

Según dicta la Fiscalía en su escrito de acusación, un miembro de la residencia acudió a la oficina de Correos de Pradoluengo para solicitar a su director los trámites necesarios para que varios de los residentes ejerciesen el voto por correo, por lo que éste, ayudado por una administrativa, rellenó la documentación de dicho trámite y se la hicieron firmar a los ancianos, algunos de los cuales tuvieron que estampar su huella dactilar ante la imposibilidad de firmar el impreso.

La Fiscalía señala, además, que las pruebas forenses realizadas a los ancianos, que no habían fallecido ya, evidenciaron que todos ellos presentaban importante deterioro cognitivo, agravado en algunos casos por otras enfermedades como demencia senil.

Por ello, el fiscal pide seis años de prisión para el director de la oficina de Correos por un delito electoral específico para funcionarios públicos, mientras que solicita tres años de internamiento para el miembro de la residencia y otros tres para la administrativa de Correos por su participación en los hechos.