La segunda edición del Plan PIVE, programa de incentivo a la compra de automóviles a cambio de achatarrar uno viejo, ha agotado su presupuesto de 150 millones de euros y ha generado una recaudación fiscal adicional para las arcas públicas de 184 millones de euros, según informó la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto).

La organización explicó que este Plan ha permitido la venta adicional de 50.000 vehículos, lo que ha servido para que se mantengan 8.300 puestos de trabajo en las redes de distribución de vehículo en España durante el presente año.

Esta medida, según Faconauto, ha servido para frenar la destrucción de empleo que venían experimentando los puntos de venta desde 2007 y ha permitido un ahorro de 86 millones de euros en lo que se refiere al pago de subsidios por desempleo.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que concentró más solicitudes validadas, 14.245, un 15,4 por ciento del total; seguida de Andalucía (14.098 peticiones), el 15,3 por ciento; Cataluña (13.912 peticiones) el 15,1 por ciento; Comunidad Valenciana (9.356 solicitudes),un 10,7 por ciento; Galicia (6.161 peticiones), el 6,7 por ciento y Castilla y León (4.989 peticiones), el 5,42 por ciento del total.

El presidente de la Federación, Jaume Roura, explicó que el PIVE 2 ha funcionado y ha aguantado el mercado de particulares que, de otra manera, "se hubiera debilitado hasta un punto insostenible". "Las 50.000 unidades de demanda extra han traído consigo, además de un impulso de nuestra actividad comercial, el mantenimiento este año de más 8.000 puestos de trabajo en los concesionarios", añadió.

Roura señaló que esta iniciativa ha sido beneficiosa para todos, por lo que manifestó su deseo de que se renueve sin solución de continuidad, con el fin de evitar que se pierda dicha dinámica "tan positiva".

Según los datos de Faconauto, el 93 por ciento de los fondos del presupuesto del PIVE 2 han ido a parar a particulares y familias y afirmó que la antigüedad media de los vehículos achatarrados se sitúa en dieciséis años, lo que ha posibilitado el ahorro de 3,6 millones de euros en materia de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).