El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado este martes que el Ejecutivo autonómico volverá a reclamar las competencias en materia de Justicia cuando culmine la reforma del sistema que actualmente se impulsa por parte del Gobierno central.

De Santiago-Juárez se ha expresado así en el marco del 'Ciclo de la Justicia' de El Norte de Castilla, en el que ha participado junto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción.

En este marco, el consejero y portavoz de la Junta ha recordado que ya se presentó al ministro un documento firmado por todos los agentes y actores del sistema judicial de Castilla y León en el que se fijaba la posición de Comunidad y en el que "se ponía negro sobre blanco en qué condiciones estaban dispuestos a negociar esas transferencias".

A este respecto, ha afirmado que creen que cuando acabe este proceso de reforma del sistema judicial deberían sentarse otra vez con el ministro para "abrir de nuevo ese espacio de diálogo y negociación para asumir las transferencias", algo que considera "sensato".

En este contexto, el consejero ha recordado que hay algunas dificultades en esa negociación, por un lado en cuanto a coste, ya que les separan en torno a 30 millones de euros —el Ministerio valora las transferencias en unos 130 millones—, así como una serie de cláusulas de garantías que la Comunidad quiere incorporar, fundamentalmente en torno a inversiones.

Impulsar proyectos

Por otro lado, en el transcurso de su intervención, el consejero de la Presidencia ha reivindicado al ministro proyectos "emblemáticos" o de inversiones "añorados y deseados" por todos como la Ciudad de la Justicia de Valladolid, los nuevos edificios judiciales en Ponferrada o la concentración de juzgados en Palencia.

De Santiago-Juárez ha recordado estos proyectos para que, "en la medida de las posibilidades", se les dé un nuevo impulso porque son "necesarios" para los ciudadanos de la Comunidad y "deseados" para las personas que trabajan en esta materia.

Además, el consejero de la Presidencia se ha referido a las reformas que pondrá en marcha el Gobierno y ha pedido a Ruiz-Gallardón que se tengan en cuenta a la hora de llevarlas a cabo las peculiaridades de Castilla y León y la "voz" de aquellas comunidades que no tienen competencias en materia de Justicia.

Así, frente a sólo tener en cuenta la carga de trabajo, ha abogado también por añadir las características de los territorios, ya que el modelo de una comunidad como Madrid no serviría para Castilla y León si no se tienen en cuenta sus peculiaridades, que hacen que prestar un servicio público sea más caro.