El Gobierno de Cantabria ha aprobado el Decreto que crea y regula el registro de empresas de inserción y establece el marco que promueve la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de este tipo de empresas.

Con esta norma, el Ejecutivo adopta una medida largamente demandada por el sector y se enmarca en su apuesta por llevar a cabo "todas aquellas iniciativas que nacen de la necesidad de atender a la demanda social respecto de las personas en riesgo de exclusión social".

Además, responde al "apoyo sin fisuras" a todos los proyectos empresariales que "generan la economía real y benefician directamente a las personas", afirma en un comunicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas.

En este sentido, Mazas recuerda que el Ejecutivo ha puesto en marcha una iniciativa centrada en la contratación en las empresas de inserción laboral, subvencionando cada puesto de trabajo con hasta 12.000 euros en tres ejercicios. En el primer año, por ser "el más complejo para toda iniciativa empresarial", se aportarán 6.000 euros por trabajador y la cantidad restante se repartirá en los sucesivos ejercicios.

La consejera ha reiterado la apuesta por promocionar y apoyar otras iniciativas relacionadas con la economía social tales como los centros especiales de empleo, que, según ha recordado, "han visto incrementada su dotación y cuentan con un calendario de pago para garantizar el abono de las subvenciones".

DECRETO

Se consideran empresas de inserción a las que en su actividad tengan como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, debiendo proporcionar a los trabajadores, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo y habituación laboral y social.

Para ello, estas empresas deberán tener servicios de intervención o acompañamiento para la inserción sociolaboral que faciliten su posterior incorporación al puesto de trabajo.

El Decreto regula, asimismo, el procedimiento para la calificación y la inscripción de empresas de inserción, las normas de organización y funcionamiento del propio Registro, así como el proceso de calificación, inscripción y descalificación. El Registro permitirá "frenar el intrusismo" y que las empresas puedan desarrollar su actividad "con todas las garantías".

El Registro, adscrito a la Dirección General de Trabajo y de carácter publico y gratuito, tiene por objeto la inscripción de las empresas calificadas como de inserción. Se encargará de tramitar la inscripción, conservación, custodia y mantenimiento de archivos, emisión de certificaciones y confección de estadísticas, entre otras. Se estructurará en dos secciones, la de sociedades mercantiles y la de cooperativas, cada una de ellas con un libro de inscripción y una hoja registral por empresa.

Sólo podrán inscribirse las empresas debidamente calificadas, un procedimiento que también realiza la Dirección General de Trabajo, con el apoyo técnico de las certificaciones del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y el Servicio Cántabro de Empleo, teniendo en cuenta diversos factores tales como la viabilidad económica, técnica y financiera, la disposición de los medios necesarios o la relación de personas trabajadoras en proceso de inserción y otras en plantilla. Igualmente, es el mismo departamento de la Administración el responsable de la descalificación como empresa de inserción.