La defensa de J.A.M.C., ejercida por María Teresa Largo, procesado por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con el fin de la explotación sexual a una inmigrante, así como por un delito de determinación coactiva al mantenimiento en la prostitución, un delito de abusos sexuales y una falta de lesiones, y para el que la Fiscalía pide un total de 22 años de prisión, ha pedido la libre absolución de su representado porque, a su juicio, "no existe ninguna prueba" sobre los hechos, tan solo la declaración de la víctima, que pasó a ser una testigo protegida.

Durante el juicio, celebrado este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva y que ha quedado visto para sentencia, el acusado ha reconocido que mantuvo relaciones con la víctima, pero que en ningún momento ha viajado a Madrid, ciudad donde dice la testigo que lo conoció, "ni le ha pedido nunca dinero", así como que la vio por primera vez en un club alterne onubense.

J.A.M.C., ha asegurado que, tras comprobar comportamientos extraños de mucho control sobre su persona, intentó alejarse de la supuesta víctima, pero ha insistido en que "esta lo acosaba y lo perseguía", cuestión que ha corroborado otra testigo, camarera de un bar que el acusado frecuenta. A su vez, tras asegurar que en la actualidad lleva cinco años con su pareja, que ejerce la prostitución en la actualidad "de forma voluntaria", el acusado ha subrayado que "no pertenece a ninguna organización" y ha negado todos los hechos que la Fiscalía le imputa.

Por su parte, la testigo protegida ha manifestado que vino a España a través de una conocida, que la puso en contacto con el acusado, al cual, "haciéndose cargo de todos los gastos, le tenía que pagar 4.000 euros", una cantidad que "ingresaba en la cuenta de este" a través de una tía suya, y al que le tuvo que "entregar un aval del piso de su madre, ubicado en Paraguay". Sin embargo, en la sala se ha recordado la primera declaración, en la que aseguró que "era ella misma la que lo ingresaba".

De este modo, según ha declarado la víctima, el acusado hizo llegar a la joven 1.000 dólares y un billete de avión con destino a España y una vez en el territorio nacional, esta se alojó en casa de unos familiares en Madrid. En un principio trabajaba como interna en una casa, pero posteriormente comenzó a trabajar de recepcionista en un piso donde se ejercía la prostitución. Tras ello, llegó a Huelva donde coincidió con J.A.M.C., al que ha culpado de "obligarla a mantener relaciones sexuales una y otra vez" en un hostal de San Juan del Puerto, una cuestión que no han podido corroborar los dueños del citado establecimiento que también han declarado.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha mantenido su escrito de acusación en el que pide 22 años de prisión para el acusado, sin embargo la defensa ha pedido su libre absolución, ya que "no hay ninguna prueba de los hechos", además considera que se ha producido vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial ya que no se han llevado a cabo las pruebas solicitadas.

En cuanto al delito de abuso sexual, la abogada ha asegurado que la testigo protegida "no lo detalla porque no pasó, ya que cuando uno no cuenta la verdad no puede decir cómo fue", indicando además que "un delito tan grave debe ser detallado".

En este sentido, ha incidido en que esta persona, detenida en una redada en el club de alterne donde trabajaba, "denuncia en ese momento y no dos años antes, cuando supuestamente ocurrieron los hechos", y a su juicio lo hace "para quedarse en España", a lo que ha añadido que "ahora, que está presa en España por robo con violencia y simulación de delito, quiere volver a su país".

Por todo ello, ha concluido que tanto culpar a su representado como denunciar la supuesta explotación sexual ante la Policía, por lo que pasó a ser testigo protegida, "lo hace con el objetivo de conseguir los papeles para residir en España".