CCOO-A exige a la Junta que las competencias de la formación profesional para el empleo sigan en el SAE

La secretaria de Formación de CCOO-A, Milagros Escalera, ha expresado la "oposición absoluta" del sindicato a la decisión de la Junta de Andalucía de traspasar las competencias de la Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo --del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)-- a la Consejería de Educación.

La secretaria de Formación de CCOO-A, Milagros Escalera, ha expresado la "oposición absoluta" del sindicato a la decisión de la Junta de Andalucía de traspasar las competencias de la Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo —del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)— a la Consejería de Educación.

En una nota, Escalera recuerda que CCOO ha impugnado ante los tribunales ese Decreto al considerar que este tipo de Formación "es un instrumento central en una política activa de empleo", está dirigido "a compatibilizar la competitividad de las empresas con la cualificación de los trabajadores" y "se financia a través de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores".

Asimismo, exige que la Junta reconsidere este traspaso "ilógico" de competencias y resuelva una situación que "deja a la FPE en Andalucía en tierra de nadie".

Este rechazo de la central sindical se basa en que la formación permanente o formación para el empleo "es, además de una necesidad económica y social, un derecho laboral y personal reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, forma parte de la negociación colectiva y es un instrumento central en una política activa de empleo". Razones suficientes, según CCOO, para que "se encuentre ubicada en la Consejería que tiene las competencias de empleo y relaciones laborales".

La dirigente sindical añade que la Formación Profesional para el Empleo "debe compatibilizar la competitividad de las empresas con la oferta dirigida directamente a las personas trabajadoras, empleadas o en búsqueda de empleo" y, desde esta perspectiva, "lo coherente es ubicarla en la Consejería que tiene las competencias de desarrollo e innovación empresarial". Además la financiación se realiza a través de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, "una razón más para su ubicación".

"fuera del diálogo social"

Por otra parte, CCOO critica que esa decisión se produce fuera del diálogo social, algo que "nos parece un hecho de suma gravedad por parte de la Junta de Andalucía".

Escalera advierte que el plazo para que se consume este "atropello" es inminente (enero 2013) aunque "a día de hoy las informaciones que nos trasladan los responsables políticos son muy preocupantes y se caracterizan por el desconocimiento sobre el contenido y el procedimiento de esta transferencia de competencias". "Mientras tanto, la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía está en terreno de nadie", apostilla.

Ante esto, CCOO reitera su defensa del SAE como "elemento vertebrador y único gestor de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía", al tiempo que asegura que rechazará "su desmantelamiento y eliminación, tal y como está sucediendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP".

Milagros Escalera, en este sentido, niega la "perspectiva educativa" de esta formación ya que "su naturaleza, fines y objetivos son distintos". "Esta Formación debe servir para la adaptación a la evolución de las profesiones y del contenido de los puestos de trabajo; la promoción social para los trabajadores, evitando el estancamiento en la cualificación y mejorar la situación, carreras profesionales; la función preventiva para anticipar las necesidades del mercado productivo; y la extensión de la formación a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras", aclara para justificar su carácter sociolaboral.

Según CCOO, se añade otro "gravísimo problema", la falta de oferta formativa para trabajadores ocupados y para desempleados en Andalucía, debido al recorte en Políticas Activas de Empleo que ha realizado el gobierno central pero también "al impago de la Junta a las entidades de formación de las subvenciones concedidas". "Las consecuencias son claras, no estamos formando y las empresas de formación están cerrando", afirma Escalera.

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