Las medidas adoptadas en el proceso de reducción de su nivel directivo van a permitir a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) de la Consejería de Fomento y Vivienda ahorrar 2,1 millones de euros anuales, ha indicado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien ha anunciado que la Consejería pretende, en el marco del próximo convenio colectivo que se negociará durante 2013, "desaparezca de la empresa la propia figura del directivo intermedio, siendo desempeñadas las tareas de responsabilidad ajenas a la alta dirección por personal de plantilla regulado por el convenio".

En una respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera ha apuntado que, comparado con 2009, el ahorro con las medidas sobre EPSA se cuantifica en 4,4 millones de euros, tras lo que ha agregado que en este proceso de reducción de los escalafones altos e intermedios, la Consejería de Fomento y Vivienda "continuará con la reestructuración del área directiva, imprescindible para la optimización de los recursos disponibles en EPSA, una empresa que realiza una labor social fundamental en la que queremos profundizar".

"El pueblo andaluz nos trasladó un mandato nítido en las últimas elecciones, esto es, quiere un giro a la izquierda de las políticas que se hacen y quiere que la política se haga de otra manera. Quieren cambiar el fondo y las formas, el qué y el cómo", ha manifestado la titular de Fomento y Vivienda. "Hacemos política sin privilegios y realizamos una gestión que pone cada euro al servicio del cambio social y de las víctimas de la crisis", ha añadido.

Ha recordado que el equipo directivo de la Consejería inició en julio el proceso de reestructuración, reduciendo de diez a cinco los altos directivos de los servicios centrales, ha explicado Cortés.

Posteriormente, y al igual que en la alta dirección, la Consejería detectó un "sobredimensionamiento de la dirección intermedia, segundo y último escalafón directivo de EPSA". Por ello, las primeras medidas aprobadas al respecto, en agosto, fueron la supresión de las cesantías para el personal que ostentaba la condición de directivo intermedio y pertenecía a la plantilla y la eliminación de indemnizaciones por cese para aquel personal que desempeñaba funciones directivas y no pertenecía previamente a la plantilla.

"Es un principio ético irrenunciable que quien ha accedido a un puesto directivo en una empresa pública mediante libre designación no perciba indemnización alguna al ser cesado", ha señalado la consejera, que ha comparecido en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento de Andalucía. Cortés ha añadido que, con la supresión de las cesantías, EPSA "eliminó un privilegio injustificado e impropio de una empresa pública ya que, entre otras cosas, constituía un agravio comparativo para el resto de trabajadores de EPSA".

En total, contando tanto los servicios centrales como las gerencias provinciales, el número de directivos intermedios ha pasado desde que comenzaron los ceses en octubre de 107 a 67.

Cortés ha adelantado que la Consejería continuará con el proceso de reducción del personal directivo intermedio tanto en las gerencias provinciales como en los servicios centrales, con el objetivo puesto en que, en el marco del próximo convenio colectivo que se negociará durante el año 2013, "desaparezca de la empresa la propia figura del directivo intermedio, siendo desempeñadas las tareas de responsabilidad ajenas a la alta dirección por personal de plantilla regulado por el convenio".

La consejera, que ha recordado que la reducción de las retribuciones en la alta dirección lograda por este proceso ha superado la aplicada con los decretos de reequilibrio económico-financiero, ha afirmado que esta forma de proceder obedece a "imperativos políticos y éticos" en la gestión de las empresas públicas.

"La empresa está sobresimensionada y es una cuestión ética y moral y debemos situarla como lo hemos hecho", ha aseverado la consejera.

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto, quien atribuyó la existencia de tanto personal directivo en EPSA al hecho de "un volumen de actividad importante", pero considera que "la situación actual hacía necesario requerimientos morales y éticos que aconsejan adecuar el organigrama a la situación y al resto de condicionantes de la crisis actual".

Para Nieto estas reducciones "son medidas más importantes de cara a adecuar lo que se hace con lo que el ciudadano exige, en aras de ser rigurosos y evitar sobredimensionamiento, que al ahorro en sí que supone la medida".

"Muchos dicen que el problema de la administración pública se solventaría adelgazando al sector público, y creemos que es posible afrontar el dimensionamiento del sector público y que nos coloque en una mejor posición de liquidez, pero el adelgazamiento no resolverá los problemas de financiación, agravados por recibir menos de lo que nos corresponde".