El consejo de Gobierno celebrado este miércoles ha analizado las cuatro proposiciones de ley presentadas por el PP en las que se aboga por eliminar el Consejo Económico Social y la Procuraduría; así como modificar la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo. El Ejecutivo ha mostrado su rechazo a la eliminación del CES y ha supeditado a una mayoría parlamentaria cualquier modificación en el resto de los órganos auxiliares de la Junta.

En rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha explicado que la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo son órganos auxiliares del Principado de Asturias, cuya regulación se introdujo con la reforma del Estatuto de Autonomía de 1999, en el que se señala que ambos órganos dependen directamente de la Junta General del Principado. Por su parte, la creación del Procurador General fue aprobada por unanimidad mediante ley, en 2005, por el Parlamento asturiano.

Así, ante estas premisas ha explicado que "el consejo de Gobierno ha acordado que cualquier decisión sobre el futuro de estos tres órganos deberá ser adoptada por la propia Junta General y además deberá ser fruto del más amplio acuerdo de los grupos parlamentario, al menos la misma suma de votos por la que fueron creados".

Martínez ha añadido que no parece por tanto que las propuestas del PP vayan en la búsqueda del consenso cuando es una iniciativa de un sólo grupo parlamentario.

Respecto al rechazo de la supresión del CES, Martínez ha manifestado que tras analizar la propuesta del PP, el Gobierno considera que "son muchas las razones, tanto políticas como presupuestarias, que justifican el rechazo a la supresión de este ente público".

Así, Guillermo Martínez ha indicado que en dicho órgano existe una amplia representación de la sociedad asturiana y hoy por hoy es el único órgano consultivo existente en materia socioeconómica y laboral.

"Sorprende que se plantee la desaparición del CES en un momento como el actual, en el que son necesarias todas las contribuciones que permitan dar respuesta conjunta a la mayor crisis económica conocida en los últimos 70 años", ha dicho martínez, que ha insistido en que "no es un órgano del Gobierno, sino un ente público consultivo y de deliberación, en el que no hay mayoría del Ejecutivo.

Respecto al ahorro económico, otro de los argumentos que se esgrime en la proposición de ley, Guillermo Marínez, ha explicado que el presupuesto de este órgano previsto en el borrador del anteproyecto de presupuestos para 2013 asciende a 652.646 euros, lo que supone una reducción del 23,3% con relación al presente ejercicio, destinándose 435.906 euros a gastos de personal y el resto a las actividades propias del CES.

Ha indicado además que una vez efectuada la amortización de cuatro puestos de trabajo propuesta por el Pleno del CES, su plantilla queda constituida por cuatro funcionarios pertenecientes a la Administración de la Seguridad Social y dos laborales integrados en el convenio del Principado de Asturias. Estos seis empleados públicos tendrían otros destinos administrativos, por lo que la supresión del CES no implicaría ahorro alguno en materia de personal.