Los jueces de Instrucción de Sevilla han acordado fijar en 6.000 el número de entrada de nuevos asuntos que verá anualmente cada uno de los 20 juzgados de esta jurisdicción de la capital hispalense, según ha informado a Europa Press el juez decano, Francisco Guerrero, quien ha señalado que estos órganos concluirán previsiblemente el año 2012 con más de 8.000 casos.

El juez decano ha indicado que, durante la junta de jueces de Instrucción celebrada este martes, se ha acordado también una reorganización de la agenda semana de trabajo, de manera que dos días los dedicarán a la toma de declaraciones y la práctica de diligencias, otros dos días a las ejecutorias, asuntos de especial complejidad y la adopción de medidas cautelares, y un último día para los señalamientos de juicios de faltas, todo ello "sin perjuicio" de los días de guardia.

Los jueces de Instrucción han estado acompañados por los dos jueces de Vigilancia Penitenciaria, quienes han acordado que cada uno de ellos atienda a 1.000 presos —frente a los 1.700 y 1.500 actuales, respectivamente— y que la carga de trabajo venga definida por el número de internos y no por el volumen de expedientes.

Tras esta junta de jueces, y según ha precisado a Europa Press Francisco Guerrero, únicamente quedan por celebrarse las juntas de jueces de Familia, Menores y Violencia de Género, que podrían señalarse durante el próximo mes de noviembre, a lo que se suma la reunión de jueces decanos que tendrá lugar en Barcelona entre los días 5 y 7 de noviembre.

Ya han celebrado juntas de jueces para adoptar medidas de 'autorregulación' los jueces de lo Social, Contencioso-Administrativo, Penal, Mercantil y Primera Instancia.

El pasado día 21 de septiembre, tanto la Junta General de jueces de Sevilla como los magistrados de la Audiencia Provincial y los fiscales acordaron por unanimidad adherirse a las protestas promovidas por los jueces decanos de toda España y las asociaciones de jueces y fiscales a través de la Comisión Interasociativa, que mostraron su rechazo a los recortes y las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso de los jueces destinados en los órganos unipersonales sevillanos, el juez decano criticó el "vaciamiento" de la independencia y del poder judicial; la "ausencia" de voluntad política para modernizar la Justicia; la ausencia de inversión y el "recorte" en medios materiales y personales, que deriva en un "generalizado" e "inaceptable" retraso en los señalamientos, o la congelación de plazas judiciales.