El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Mariano Durán, se ha mostrado convencido de que el conseller de Solidaridad, con competencias en Justicia, Rafael Blasco, impulsará el Expediente Digital de Justicia Gratuita. "Tengo el convencimiento de que está comprometido con esta medida", ha señalado.

Durán ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que la pasada semana trató este asunto con Blasco, con quien mantuvo una reunión dentro de su ronda de contactos desde que tomó posesión de su cargo como nuevo decano del Icav, el pasado 11 de febrero.

El decano ha indicado que la reunión fue "muy bien", y que, de hecho, Blasco se comprometió, entre otros asuntos, a poner en marcha el Expediente Digital de Justicia Gratuita. Ha señalado que el asunto está "muy avanzado" porque ya se ha constituido un grupo de trabajo mixto conselleria-colegio para estudiarlo. "Detecto voluntad política del conseller y decisión de que esto sea posible y de que lo hagamos", ha puntualizado.

Esta medida, según ha comentado, "sería un éxito y un beneficio para todos: para el ciudadano, para el servicio del Turno o para la propia Conselleria de Justicia". Además, tendrá un efecto disuasorio, puesto que en poco tiempo se podrá determinar si el cliente tiene acceso a esta prestación.

Durán ha explicado que en la actualidad, el ciudadano que solicita la asistencia jurídica gratuita "está obligado a presentar una serie de información y documentación como el certificado de Hacienda, del Catastro, del Registro de la Propiedad, o la declaración de la Renta".

Para ello, el ciudadano tiene que desplazarse físicamente hasta las distintas administraciones competentes, como a la Delegación de Hacienda, en la que se piden unos 50.000 certificados al año. "Y pasa lo mismo en el Catastro o en el Registro de la Propiedad", ha matizado.

Estos papeles llegan al Colegio, y desde aquí se envían —en papel— a la conselleria. Luego, la Comisión de Justicia Gratuita, a la vista de la documentación, decide si, de acuerdo con la ley, el ciudadano tiene derecho o no a recibir esta asistencia gratuita.

Lo que implica

Tal y como está montado actualmente "implica hacer desplazar al ciudadano a siete u ocho oficinas; que éstas tengan que estar tramitando expedientes; mover toda esa cantidad papel, traerla al colegio, y de aquí que se desplace en cajas a la conselleria".

Frente a ello, lo que se está estudiando con el Expediente Electrónico es, a través de la Red Abogacía, que el ciudadano de autorización al departamento del Turno de Oficio para acceder a sus datos de Hacienda, Catastro, Tráfico, Registro, "y en un momento se descargan electrónicamente los certificados", ha comentado.

Esta información se remite informáticamente a conselleria, con lo que se consigue: "que el ciudadano sepa en cinco minutos si reúne los requisitos para acceder al servicio; que el abogado asignado tenga toda la información necesaria para decirle al ciudadano si cumple los requisitos; evitar que el ciudadano se desplace a todas las administraciones; evitar que éstas soporten 50.000 peticiones al año; evitar mucho consumo de papel; y ganar en agilidad".