El Gobierno de Extremadura asumirá el coste del servicio de ayuda a domicilio del sistema de dependencia que se firma con los ayuntamientos, después de la "suspensión temporal" de las transferencias del Estado para el "nivel convenido" de este sistema.

El consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha realizado este anuncio en su primera comparecencia que, a petición del Grupo Socialista, ha protagonizado en el pleno del Parlamento de Extremadura tras su toma de posesión como consejero de Salud hace unos días, tras la dimisión de su antecesor.

En su intervención, Hernández Carrón ha explicado que el Gobierno extremeño dejará de ingresar la cuantía correspondiente al "nivel convenido" de la Ley de Dependencia, que en 2011 fueron 8,4 millones de euros, y que "venía a sufragar en la región los costes de los convenios del servicio de ayuda a domicilio del sistema de dependencia firmados por los ayuntamientos".

Ante esta "suspensión temporal", el consejero ha apuntado que este servicio de ayuda a domicilio "estaba abocado a desaparecer", sin embargo, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) del Gobierno regional será el que asuma su coste para permitir su continuidad.

Sin embargo, y pesar de esta suspensión, el consejero ha apuntado que la Comunidad Autónoma cobrará más por el "nivel mínimo" de la atención a la dependencia, al que el Estado ha consignado 203 millones de euros más que en 2012, un total de 1.288 millones, aunque todavía esta cantidad no está desglosada por autonomías.

UN 10,3%

Más para el nivel mínimo

En cualquier caso, Hernández Carrón ha recordado que Extremadura recibió en 2011 un total de 33,7 millones del Estado por el "nivel mínimo", y para este año 2012 se "baraja" un incremento del 10,37 por ciento.

"Trabajamos para que la suspensión del nivel acordado por parte del Gobierno central no suponga una merma en la atención a la personas con dependencia", de ahí que el Sepad haya decidido asumir el coste de este servicio, por tanto el Gobierno extremeño mantiene su "compromiso" en este sentido, y de hecho "actualmente se están firmando estos convenios con diversos ayuntamientos", ha apuntado Carrón.

El consejero de Salud ha lamentado la "mala gestión" que la Ley de Dependencia ha tenido en los últimos años por parte de los gobiernos socialistas, ya que en la actualidad "existen tantos sistemas de dependencia como Comunidades Autónomas", algo que "va en contra del principio de igualdad que emana de la Constitución".

Esta situación pone de manifiesto, a juicio de Carrón, "la necesidad de una profunda reforma" del sistema de atención a la dependencia, que en la actualidad vendrá marcada por una "complicadísima situación económica", a pesar de la cual, el Gobierno de España ha consignado en los presupuestos para 2012, un total de 1.408 millones de euros "a la financiación del coste de la atención a la dependencia".

La situación económica ha provocado que el Gobierno central suspenda "temporalmente" el nivel acordado de la Ley de la Dependencia, "como actuación responsable del Gobierno", pero por otro lado se incrementa en 203 millones de euros el nivel mínimo de protección.

Para el psoe es "inaceptable"

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Mateos, ha justificado en el pleno de la Asamblea la petición de esta comparecencia del consejero de Salud, por los "abusivos, y duros y drásticos recortes" que está aplicando el Gobierno central en algunas áreas como la dependencia.

Mateos ha lamentado que es "un hecho" que el Gobierno de Mariano Rajoy ha promulgado un decreto por el que se paraliza la Ley de la Dependencia, y ha tachado de "inaceptable" la paralización de este "derecho subjetivo", ya que a su juicio es "inadmisible eliminar los créditos necesarios para su desarrollo".

"Se trata de un derecho subjetivo, el que garantizaba esta ley", ha señalado Mateos, quien ha lamentado que para el PP, "la protección social no sólo es innecesaria sino que es lo primero que sobra ante la crisis económica", y por este motivo ha lamentado que Extremadura va a dejar de recibir 8 millones de euros para desarrollar estas políticas.

Para Mateos, el asunto de la Ley de la Dependencia "no es un problema de herencia, es un problema de herederos", ya que el Gobierno del PP "no sabe gestionar una buena herencia" que ha recibido del PSOE.

Se trata por tanto, ha insistido la diputada socialista de "una buena ley que es mal gestionada" por parte del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que "se empeñó en volarla a través de los Presupuestos Generales del Estado. Lo ha hecho, y ya no hay retorno".

En ese sentido, Marisol Mateos ha lamentado que el Gobierno central "no ha dado una solución a las familias, a los dependientes, porque no es su modelo, no les gusta y no la van a desarrollar", y ha aseverado que con el PP, "la Ley para la Dependencia está acabada".

Ante esta situación, la diputada socialista ha concluido asegurando que la aplicación actual de esta ley "es un verdadero caos, no hay planificación", por lo están conduciendo la región "hacia un suicidio social incontrolado" y ha aseverado que Extremadura "después de un año está mucho peor" en esta materia.

Iu habla de "buena ley sacrificada"

En su turno, el diputado del Grupo Parlamentario de IU-V-Siex, Víctor Casco, ha explicado que en la actualidad existen más de 45.300 extremeños que han solicitado una ayuda de la Ley de la Dependencia o ya la están recibiendo, y se ha preguntado "qué va a pasar" con estas personas a las que el Gobierno regional "no les está dando una respuesta satisfactoria".

A juicio de Casco, la de la Dependencia es "una buena ley sacrificada en los altares de la ortodoxia económica", y ha alertado de que esta es una situación que "tiene cara", ya que afecta a familias que tienen personas a su cargo "y a las que el Estado parece decirle que es su problema".

En su intervención, Víctor Casco ha aseverado que "el Gobierno de Rajoy miente", ya que dice que "no hay dinero" para políticas de sanidad, educación o dependencia, "pero sí hay dinero para la banca", por lo que ha considerado que en la actualidad se va "necesitando un fondo de rescate de los malos políticos".

Y es que, el diputado de IU ha aseverado que "nunca se puede gastar demasiado en sanidad, educación o en prestaciones", ya que "es un derecho de los ciudadanos",

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, ha llamado a los grupos de la oposición a la "responsabilidad" y a "no generar miedo e incertidumbre", y ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación, que buscan "garantizar la sostenibilidad futura" del sistema.