La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha abstenido de interponer un recurso inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica.

En un comunicado, informa de que ha adoptado esa decisión tras conocer el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana para crear una Comisión Bilateral de Cooperación en la que "se negociarán las discrepancias existentes".

Al respecto, la Defensora del Pueblo señala que "tiene la esperanza de que se alcance un acuerdo" en el seno de esa comisión bilateral, motivo por el que ha optado por no recurrir ante el TC esa norma.