La secretaria de Acción Sindical y Relaciones Laborales de CCOO de Andalucía, Miriam Pinillos, ha valorado el "gran esfuerzo" que se ha hecho por parte de los sindicatos para mantener viva la negociación colectiva y seguir garantizando un marco de protección para los trabajadores a pesar de la fuerte presión empresarial por la devaluación salarial y el deterioro de determinadas condiciones laborales".

Pinillos que ha hecho un balance de la situación de la negociación colectiva cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor de la reforma laboral ha apuntado que "pese a los intentos por individualizar y contraer las relaciones laborales, se ha conseguido garantizar su plena vigencia".

Según datos aportados por el sindicato el número de convenios colectivos vigentes se ha duplicado en un año pasando de 268 a 623, lo que supone que de 245.273 trabajadores que recibían cobertura en 2013, se haya aumentado la cifra a los 998.100 personas".

No obstante, CCOO ha denunciado en una nota la actitud "de dudosa legalidad" mantenida por algunos empresarios que tras renovar los convenios colectivos incumplen las condiciones laborales pactadas mediante acuerdos alcanzados en las denominadas "representaciones ad hoc". Se trata de comisiones de trabajadores de una empresa elegidas para que renegocien a la baja las condiciones pactadas sin las más mínimas garantías al no contar con el ámbito de protección de los representantes legales de los trabajadores.

Pinillos ha criticado el "daño" que esas comisiones están haciendo a las relaciones laborales "como lo prueba que el 83% de los acuerdos de inaplicación hayan sido pactados en ellas".

Especial preocupación ha mostrado el sindicato ante el bloqueo de los convenios en el sector de la hostelería en Huelva, Málaga, Granada y Jaén, así como por el convenio provincial de canteras y serrerías del mármol en Almería, "tanto por el número de trabajadores afectados, (82.850), como por la repercusión que, sobre todo el sector turístico, tiene en la economía andaluza".

CCOO ha pedido "responsabilidad empresarial" para acabar con la conflictividad porque, en su opinión, "no es lógico que en un sector con beneficios y en auge se sigan rebajando salarios, precarizando el empleo y deteriorando las condiciones de trabajo".